Gobierno y ERC ultiman un pacto para blindar el catalán antes del verano

El Gobierno y la Generalitat ultiman un acuerdo para blindar institucionalmente el catalán antes del verano. De esta forma, el presidente de España Pedro Sánchez y el del Govern Pere Aragonès podrán vender a los suyos un diálogo entre ambos y, además, el Gobierno se garantiza el apoyo de los republicanos en el Congreso durante lo que queda de legislatura. 

El PSOE está dispuesto a suscribir un blindaje del modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Ello en plena polémica sobre el rechazo de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.  

La justicia cita a declarar a cuatro tuiteros por hostigar a la familia que pidió el 25% en Canet de Mar / CG

Promoción del catalán

Además, según El Mundo, el Gobierno está estudiando la manera de impulsar institucionalmente el uso y la promoción del catalán. Ese es uno de los puntos en que socialistas y republicanos discrepan para poder presentar públicamente el pacto. Esta medida acabará implicando, por ejemplo, abrirse a la utilización de las lenguas autonómicas en el Congreso y en el Senado, vieja reclamación de los partidos nacionalistas. 

Mientras tanto Pere Aragonès ha ido subiendo el tono respecto a la defensa del catalán y en favor del monolingüismo en las escuelas. “Vamos a defender el catalán con toda nuestra fuerza y haremos frente a una sentencia injusta que rompe los grandes consensos lingüísticos de nuestro país. Está en juego la idea de Cataluña como nación”. 

Rechazo al castellano en las aulas

Por su parte, el Govern se está resistiendo a aplicar la sentencia del TSJC. Por primera vez, una escuela de Barcelona se ha negado a que uno de sus alumnos reciba el 25% de sus clases en castellano, tal y como los padres reclamaron. Ante esto, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray,  dice que la familia afectada “no tiene ningún derecho a determinar un porcentaje de uso de la lengua castellana como vehicular ni ningún otro poder público podría hacerlo que no fuera la Administración educativa competente, que en Cataluña es la Generalitat”. La voluntad de desobedecer la sentencia del TSJC  hace que las posiciones entre Gobierno y Generalitat sean todavía distantes, hecho que está bloqueando la convocatoria de la mesa de negociación bilateral.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray / TONI ALBIR - EFE

Por otro lado, en el Parlament los socialistas y ERC cerraron un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística Catalana de 1998, con el apoyo de los comunes. Un pacto que establece el catalán como “la lengua normalmente empleada como vehicular” y que limita el uso del castellano a entornos sociolingüísticos que lo requieran. Es decir, serán los directores de los centros quienes decidan el porcentaje en función de su realidad. En este sentido, el ministro de Cultura y dirigente del PSC, Miquel Iceta, defendió poner en manos de los docentes esta decisión. “Hemos de decir a los maestros que el catalán es lengua vehicular y el castellano también es lengua de aprendizaje, y que ellos decidan qué se debe hacer para que se dominen las dos lenguas. ¿O lo debe decidir alguien en un despacho?”. 

Sin embargo, Junts y la CUP se han descolgado del acuerdo entre republicanos, socialistas y comunes al considerarlo blando e insuficiente.