La fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el teniente de alcalde de L'Hospitalet

La fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para el segundo teniente de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, y para el exconcejal del PSC Cristóbal Plaza por un delito de estafa y otro contra la Seguridad Social por el despido, supuestamente simulado, de este último cuando ejercía como directivo del Consell Esportiu (CEHL) de esta localidad barcelonesa, y por el que cobró 47.147 euros.

Este supuesto "despido objetivo" forma parte de una pieza separada de la causa por presunta malversación de fondos investigada en esta entidad, por la que están siendo investigados varios altos cargos del consistorio: entre ellos la alcaldesa, Nuria Marín. El ayuntamiento, personado como acusación en la causa, no ha presentado acusación para esta pieza.

El denunciante del caso del Consell Esportiu, el concejal Jaume Graells, denunció que el despido no fue acordado, sino una renuncia voluntaria. Medio año después, el grupo municipal del PSC contrató a Plaza como asesor y en 2019 entró como concejal, encargándose del área de Deportes.

"Indebido beneficio económico"

La fiscalía cree que, al final de 2016, Alcázar y Plaza "concertaron sus voluntad con el fin de, so pretexto de poner fin a la relación laboral", permitir que éste último obtuviera un "indebido beneficio económico".

Según la acusación, ese acuerdo de despido y el pago de la indemnización se hicieron "a espaldas" del ayuntamiento, de los órganos de gobierno del Consell Esportiu y de su asamblea general. Según la fiscalía, "pese a lo pactado, la realidad era radicalmente opuesta a la descrita documentalmente por los acusados", ya que "no concurrían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido".

Nombramientos posteriores

El escrito de la acusación apunta también que Plaza envió en diciembre del 2016 una carta a sus amigos y conocidos vinculados al Consell Esportiu en el que expresaba que ese mismo mes "ponía punto y aparte a su vinculación con el deporte”, celebrando los días 19, 20, 21 y 22 "hasta cuatro actos de despedida, circunstancias ambas que parecen compadecerse mal con una situación de despido". Y recuerda que el 14 de julio de 2017 --apenas medio año después del despido--, Plaza "fue nombrado asesor nível 1 del Ayuntamiento de L’Hospitalet; el 7 de marzo de 2018, vocal de la junta directiva del CELH; el 15 de junio de 2019 tomó posesión como regidor municipal y, como colofón, el 19-9-19 fue nombrado presidente del CELH"

Esta "alteración consciente de la realidad", agrega la fiscalía, permitió que el acusado Plaza, previa solicitud por su parte, fuera considerado como perceptor de la prestación por desempleo, "percibiendo desde la fecha del despido hasta su nuevo nombramiento como asesor del grupo municipal del PSC un total de 6.486,96 euros en tal concepto".

El fiscal también reclama que Plaza y Alcázar indemnicen conjuntamente al Consell Esportiu por los 47.147,62 euros de la indemnización por el despido.

Marín, convencida de que no irá a juicio

Por otra parte, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, se ha mostrado "convencida" este jueves de que no se abrirá juicio oral contra ella por el caso del Consell Esportiu, y que podrá repetir como candidata a la alcaldía de la ciudad.

Así lo ha dicho en un desayuno informativo de Fòrum Europa-Tribuna Catalunya. Marín, investigada por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, se siente "muy tranquila" por su causa, de la que ya ha pedido su archivo.

Preguntada sobre si se apartaría de la política si se le abriera juicio oral, tal y como establece el código ético del PSC, Marín ha asegurado: "No se producirá este juicio oral, estoy convencida. Por esto estoy convencida de que seré la candidata. Yo me presentaré, lo tengo clarísimo".