El Govern sube el tono en la defensa del catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a criticar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un 25% de castellano en las aulas. Considera que la decisión del tribunal es "perjudicial para el aprendizaje de los alumnos", ya que obvia "la realidad lingüística de la escuela y del entorno".
En una rueda de prensa tras el consell executiu, el president ha advertido de que su gobierno defenderá su modelo "con todas las herramientas" de las que dispone. Lo hará, además, de forma "exigente". De nuevo, rechaza la sentencia del TSJC al considerar que es "injusta" porque "rompe el consenso lingüístico". Y advierte: "Quien tiene que fijar la política lingüística en las escuelas es el gobierno de Cataluña, compartido con la comunidad docente, y no a partir de ninguna decisión de un tribunal ni con presiones de la derecha más rancia".
Pide "grandes consensos"
En la misma línea en la que ya se ha pronunciado en otras ocasiones, ha vuelto a manifestar su "preocupación ante una realidad" que, según él, "constata que la salud del catalán no es tan buena" como la que querría. Además, está convencido de que no sólo está en juego "el futuro de la lengua", sino "la idea de Cataluña como nación, como un solo pueblo".
Por ello, hace un llamamiento a dar una "respuesta a la sentencia" a través de un "gran consenso que rompa la dinámica de reducción de su uso social" y que ofrezca "seguridad jurídica a los docentes a la hora de hacer su trabajo".
"Actualmente disponemos de un gran consenso político. Estoy convencido de que, con voluntad de entendimiento, seremos capaces de hacerlo más fuerte", ha concluido.