El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha tenido que aparcar el envío de inspectores a los centros escolares para asegurar que los niños hablan catalán en el patio, los comedores y las actividades extraescolares. La huelga convocada por los sindicatos, así como otros frentes abiertos en este ámbito --escuela inclusiva, contenidos curriculares, oferta de FP…-- han obligado al conseller a dejar en segundo plano una de las medidas anunciadas hace tres meses por Pere Aragonès. El president aseguró que el blindaje de la inmersión lingüística pasaría por la actuación de inspectores educativos.
Fuentes de este colectivo de profesionales, que encajaron ese anuncio con gran inquietud --como funcionarios que son, están obligados a cumplir las leyes y las sentencias judiciales--, aseguran que esa cuestión “está aparcada debido a los problemas que tiene Cambray” y que, a día de hoy, no han recibido ninguna instrucción al respecto. Pero la idea de recurrir a los inspectores para fiscalizar el idioma de los menores se mantiene, así como el apoyo de asesores especializados en atender a los alumnos pobres. Y es que considera el Govern que reforzar el catalán contribuye a la lucha contra la segregación y la desigualdad.
En efecto, la Consejería de Educación mantiene su compromiso de reforzar la inmersión con la participación de los inspectores y de los ELIC --equipos de "asesoramiento" lingüístico-- en el control de la lengua que utilizan los alumnos en el patio, los comedores y las actividades extraescolares. Así lo asegura la propia consejería en su control del cumplimiento de la moción sobre la escuela inclusiva y la lucha contra la segregación escolar presentada por la CUP. Una iniciativa en la que se alude al refuerzo del catalán como medio para combatir la exclusión social.
Asesores de alumnos con riesgo de exclusión
Los ELIC son equipos de asesoramiento y orientación en lengua, interculturalidad y cohesión social, que apoyan al profesorado en el trabajo de la competencia lingüística de todo el alumnado en general, así como en la atención al alumnado procedente de procesos migratorios y al alumnado con riesgo de exclusión social, en el ámbito de los centros educativos y los planes educativos de entorno.
La moción fue aprobada en el Parlament en octubre de 2021. Cinco meses después, la polémica sobre la ejecución de las sentencias judiciales que obligan a aplicar un 25% de horario lectivo en castellano está más viva que nunca. No tanto los planes prometidos por Cambray para frenar el aumento del castellano o el acuerdo entre Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y PSC para flexibilizar la inmersión. Este acuerdo, que recupera el proyecto defendido en su día por exconsejero Josep Bargalló, contempla el catalán como lengua vehicular en la escuela, mientras que el castellano también es idioma de aprendizaje. Serán los centros los que determinen, en función de la realidad sociolingüística, la proporción entre asignaturas de catalán y castellano.
Este gran acuerdo ha quedado en el aire debido a las presiones de Carles Puigdemont. Igualmente paralizada, según aseguran fuentes del colectivo de inspectores de Educación, queda la participación de éstos en el control lingüístico de los menores. “No se sabe nada. El consejero actual está muy liado con las huelgas que le han montado los sindicatos. Este tema está aparcado de momento”, aseguran dichas fuentes.
El anuncio de Aragonès
En diciembre pasado, tras la resolución del Tribunal Supremo que obliga a aplicar el 25% del castellano en las aulas, el presidente Aragonès anunció que daría ordenes a la Inspección de Educación de la Generalitat para intensificar la supervisión de los proyectos lingüísticos vigentes y garantizar su cumplimiento. Nueve meses antes, la Generalitat había blindado sus competencias sobre estos profesionales mediante un nuevo decreto que contempla nombramientos a dedo y una mayor tutela por parte del Govern.
Pero los inspectores son funcionarios y, tal como explicó este medio, están obligados a cumplir las leyes y las sentencias judiciales. De ahí que el anuncio de Aragonès causara inquietud en este cuerpo de profesionales. Aconsejados por sus representantes sindicales, están decididos a pedir por escrito las instrucciones que reciban de la Consejería de Educación al respecto. Pero, de momento, esas instrucciones no han llegado.
Se sabe, porque el Govern así se ha comprometido con la CUP --muy crítica con el gran acuerdo alcanzado por los cuatro grupos--, que el Plan de impulso de la lengua catalana, previsto a cuatro años, incorpora la participación de la Inspección de Educación, así como el acompañamiento del equipo de asesoramiento y orientación en lengua, interculturalidad y cohesión social (ELIC).
Cumbre sobre la lengua celebrada en el Palau de la Generalitat con la finalidad de buscar formas de blindaje de la inmersión / GENCAT
“Durante el curso 2021-2022 se prevé hacer el diagnóstico de los centros participantes, la formación que se ha diseñado y el acompañamiento al grupo impulsor que se crea en cada centro, también con la participación, el seguimiento y el asesoramiento de la Inspección de Educación”, indica la consejería en su control de la citada moción. La idea es llegar a 3.000 escuelas e institutos de Cataluña.
El departamento recuerda las medidas acordadas en la segunda cumbre extraordinaria por la lengua, como “intensificar la supervisión de los proyectos lingüísticos vigentes en cada centro educativo desde el cuerpo de inspectores de la Generalitat”.