El tiempo dirá si la última pataleta lingüística de Junts per Catalunya (JxCat) --el rechazo a la flexibilización de la inmersión-- supone la ruptura del pacto que ellos mismos firmaron. Incluso posaron ante las cámaras para anunciarlo. Pero lo cierto es que el desmarque de los neoconvergentes se produce, según ha podido saber Crónica Global, por una llamada de atención de Carles Puigdemont sobre un gran acuerdo que conocían Laura Borràs y Albert Batet, así como Òmnium Cultural, sin que ninguno de ellos pusiera trabas. Y en el que participó la exconsejera de Educación, Irene Rigau, además de altos cargos de la Generalitat de ERC. Aunque ya se sabe la pugna existente entre los socios de Govern.
A diferencia de JxCat, los republicanos, con el presidente Pere Aragonès al frente, han defendido un pacto lingüístico que recupera las tesis defendidas en su momento por el exconsejero de Educación, Josep Bargalló. Esto es, la autonomía de los centros para decidir, en base a la realidad sociolingüística de su entorno, si se amplía el castellano o el catalán en los currículos. El pacto firmado el jueves por PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem reconoce el catalán como lengua vehicular, pero también la presencia del castellano en el aprendizaje. El actual conseller Josep Gonzàlez-Cambray, quien se deshizo del equipo de Bargalló favorable a flexibilizar la inmersión, será en encargado de aplicar esa reforma. Hecho que implica una desautorizacion en toda regla.
Debates discretos para un acuerdo frágil
Los debates, que duraron dos meses, se llevaron “de forma discreta, porque éramos conscientes de que el acuerdo era muy frágil. Pero tanto Albert Batet como Laura Borràs estaban al corriente”, explican fuentes cercanas a la negociación. Se refieren al presidente del grupo parlamentario y a la presidenta del Parlament, identificados con el sector más duro de los neoconvergentes.
Desde el PSC se asegura que, durante el proceso previo a la firma de la propuesta, el partido habló con Òmnium “y nunca consideramos que fuera la parte más complicada”. Si alguien podía descolgarse de las negociaciones, pensaban los socialistas, “era ERC”, pues a pesar de la participación del secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila --fueron públicas sus críticas al monolingüismo del grupo Koiné previas a su nombramiento-- y de la consejera de Cultura, Natàlia Garriga --ambos propuestos por los republicanos--, “no estaba tan claro que el resto del grupo estuviera de acuerdo”. Un día antes de que se anunciara el pacto, Vila se reunió por separado con los grupos parlamentarios para recabar sus impresiones.
Mesa compuesta por el exconseller de Educación y Universidad Joan Manuel del Pozo, la exconsellera de Educación Irene Rigau, el presidente de Federalistes d'Esquerres, Joan Botella, y el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa / PSC
El papel de Irene Rigau
A modo de mediadora, la exconsejera de Educación, Irene Rigau, también intervino en los contactos. Incluso participó en una jornada sobre la lengua organizada por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC. Los comunes, por su parte, fueron los últimos en sumarse al pacto.
Cuando los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la firma de los cuatro grupos, JxCat recibió una llamada de atención de Puigdemont. La foto de familia se hizo, con toda la solemnidad posible, ante la escalera noble del Parlament. Pero pocas horas después, asociaciones como la Assemblea Nacional Catañana (ANC) y Òmnium comenzaron a expresar su disconformidad. Más previsible era la reacción de Plataforma per la Llengua, favorable a erradicar el castellano de la enseñanza, o de la CUP, que en la misma línea, improvisó una rueda de prensa con sus propuestas esa misma mañana.
“¿JxCat se alineará con Vox en contra el pacto?”, se pregunta uno de los negociadores. Y es que, tal como contempla la propuesta, estaba previsto que el acuerdo se apruebe en lectura única. Es decir, por la vía de urgencia en el próximo Pleno. Pero si las diferencias expresadas ayer por JxCat en sendos comunicados se traduce en cruce de enmiendas, la validación de la reforma de la Ley de Política Lingüística se demorará. Eso sí, ya se ha avanzado que se acortarán los plazos para que se pueda aprobar el decreto de inicio de curso, que debería aprobar la nueva postura sobre el castellano en los centros educativos de la comunidad.