A primera hora de esta mañana el expresident de la Generalitat de Cataluña Quim Torra, que estaba citado para comparecer en el juicio que se ha celebrado este jueves por un presunto delito de desobediencia --por no retirar los símbolos en apoyo a los políticos presos de los edificios públicos-- ha comunicado a través de sus redes sociales su decisión de no asistir a la vista.

“Me vuelven a juzgar, sí, pero no legitimaré esta farsa con mi presencia en el juicio”, aseguraba Torra en un vídeo de cinco minutos compartido a través de sus redes sociales. “Pido amparo a los tribunales internacionales, porque los independentistas ya sabemos que no encontraremos justicia en los tribunales españoles, sencillamente porque no tienen en cuenta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales universales”, ha asegurado.

No era necesaria su presencia

La escenificación de este nuevo desafío a la Justicia no es, en realidad, más que un farol. De hecho, su presencia no era imprescindible para la celebración del juicio, que se ha desarrollado con normalidad. Así lo contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que no se permitirá la celebración de un juicio en ausencia de los acusados salvo en determinadas excepciones. Y la de Torra es una de ellas.

De hecho, la ley recoge que está permitido que se celebre la vista oral cuando la ausencia del acusado es injustificada, pese a que este ha recibido la pertinente citación, y cuando esté representado por su abogado durante la misma. También es requisito indispensable que el juez o tribunal consideren que hay elementos suficientes para enjuiciar al acusado y que la pena solicitada son sobrepase los dos años de privación de libertad o, de ser de otra naturaleza, que no exceda los seis años. De hecho, esta misma prerrogativa fue la que le permitió ausentarse del juicio que se celebró en noviembre de 2020 en el TSJC, cuando fue inhabilitado.

Segundo plantón a la Justicia

Después de que Torra diera plantón por segunda vez a la Justicia, el tribunal ha decidido seguir adelante con el proceso judicial. El abogado de Impulso Ciudadano, que ejerce de acusación particular, ha acusado al expresidente de desobedecer a la Justicia “de forma palmaria y evidente” y ha incidido en que su ausencia durante el día de hoy es otra muestra de ello, aunque sin consecuencias para él. 

En el mismo sentido, la fiscal ha argumentado que Torra nunca tuvo la voluntad de respetar las decisiones judiciales. “Tenía una voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada que se le dijera”, y, además, lo reivindicó públicamente

No es el mensaje, es el lugar

Sin embargo, la fiscal ha querido aclarar que el expresident no está acusado por colgar una pancarta, sino por el lugar en el que lo hizo, desoyendo las peticiones de que respetara la neutralidad política del edificio de la Generalitat. El Ministerio Fiscal incide en que no se está juzgando el mensaje de la pancarta, que podría haber colgado en su casa o en la sede de su partido sin ningún problema, sino el “uso indebido” de un edificio público.  De hecho, la fiscal del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona, que pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por un delito de desobediencia, ha insistido que en ningún momento se ha "conculcado" el derecho del expresident a la libertad ideológica y de expresión.

"Estaba colocado en la insumisión institucional, daba lo mismo lo que le dijera la Junta Electoral o el TSJC", ha sostenido la fiscal, que cree que Torra "tenía la voluntad explícita” de no obedecer a ninguna orden relacionada con su ideología. Por su parte, la acusación popular, que fue la que propició la apertura de esta causa por desobediencia al solicitar al TSJC que ordenara retirar la pancarta, pide dos años de inhabilitación para el expresidente catalán y 109.500 euros de multa. 

Boye compara a la fiscal con Putin

Gonzalo Boye, letrado del expresident, que a diferencia de su cliente sí ha asistido al juicio, ha echado en cara a la fiscalía que tachara de “anecdótica” una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a favor de la libertad de los presos del 1 de octubre. Según él, Putin "se ha ido del Consejo de Europa porque le molestan las resoluciones, lo mismo que la señora fiscal”.

Con estas duras palabras, el abogado ha asegurado que si la Justicia “continúa por este camino”, España puede acabar como países como Rusia, Turquía y Polonia. "Cuando Estrasburgo diga que esto es Polonia o Turquía veremos cuánto de anecdótico hay", ha espetado frente al tribunal, que ha dejado el caso visto para sentencia.