La juez que instruye el caso de los anarquistas que trataron de quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel en 2021 ha enviado a juicio a los investigados.
Según ha avanzado ElDiario.es, la magistrada ha decretado orden de procesamiento para ocho personas. Todos ellos se enfrentan a cargos de homicidio en grado de tentativa, organización criminal, manifestación ilícita, desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, incendio y daños. De todos ellos, cuatro están en prisión preventiva desde hace un año.
El autor no se puede identificar
El auto de procesamiento atribuye todos los citados delitos a todos los investigados, aunque no identifica a la joven que concretamente vertió el líquido inflamable sobre el fuego de la bengala que causó el incendio parcial de la furgoneta policial. El año de investigación no ha permitido, por ahora, enmendar el error de los Mossos d'Esquadra, que detuvieron a la joven equivocada al inicio de las pesquisas. No obstante, ha sido procesada junto a los otros siete investigados por el mismo altercado y el resto de disturbios.
Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde se ha fallado contra el Sindicat de Llogaters por coacciones a una propietaria / EP
Para las defensas del caso la investigación adolece del mismo defecto que en su inicio: una atribución demasiado "genérica" de los altercados, en palabras del letrado Eduardo Cáliz, que representa a uno de los procesados. El origen de este problema, según alega, estriba en que el caso se ha construido "sobre un parámetro político de un grupo de anarquistas italianos que es autor de todos los hechos, en vez de sobre pruebas concretas". "No hay indicios de que sean un grupo criminal", critica el abogado.
La jueza comunicará formalmente el procesamiento a los investigados este martes, cuando se producirán las denominadas declaraciones indagatorias. Cuatro de ellas se celebrarán por videoconferencia desde la prisión de Brians 1. La Audiencia de Barcelona rebajó hace unas semanas a 15.000 y 20.000 euros las fianzas de 40.000 y 45.000 euros impuestas por la jueza instructora para eludir la prisión en un primer momento. Los investigados y su entorno, que no cuentan con muchos recursos económicos, intentan reunir el dinero para sacarlos de prisión mientres dure el juicio.