El cuerpo de letrados implosiona y sume al Parlament en una decadencia histórica

Purgas, cruce de acusaciones en público, división en facciones… El poderoso cuerpo de letrados del Parlament ha implosionado y ha sumido a esta Cámara catalana en una situaciones de decadencia sin precedentes. La politizada gestión de Laura Borràs, unida a un modelo de administración parlamentaria que se remonta al pujolismo de los años ochenta y los efectos corrosivos del procés explican el actual deterioro de la institución y la inseguridad jurídica creada. Curiosamente, todo ello ocurre en la Mesa del Parlament más independentista de la historia.

Nadie podía imaginar que esa crisis, sin precedentes en la historia de la Cámara catalana, estallara por un tema, complejo y latente durante años, como el de las licencias de edad. Esto es, personal que, sin trabajar, cobra sueldos más que generosos.

Licencias de edad

“El origen del conflicto es el conocimiento publico del régimen de licencias por edad. La noticia provocó que la Mesa del Parlament lo derogara y se encargara un informe para ver cómo quedaban las licencias autorizadas, especialmente las doce reconocidas en 2021 y que aún no han entrado en vigor (los funcionarios aún están trabajando)”, explica un jurista conocedor de lo sucedido.

“Primero hubo problemas para dar la información --añade-- y ahora los ha habido en el momento de hacer el informe. El conflicto se ha producido especialmente en el seno de la administración parlamentaria, aunque ha trascendido finalmente al plano político”.

Durante ese proceso, que arrancó el 18 enero con la petición de un informe a los letrados de la Cámara, se han producido varias circunstancias inusuales. Como, por ejemplo, la petición de que ese informe fuera registrado, algo que nunca pasa, así como la solicitud de acceso al mismo del personal del Parlament, lo que preconizaba el actual conflicto laboral, pues la retirada de las licencias no se ha negociado con los trabajadores.

Injerencias

Y de repente, estalla todo. La secretaria general, Esther Andreu, y el letrado mayor, Miquel Palomares, se enzarzan en una agria pelea en una reunión en la que, según aseguran los asistentes a la misma, el letrado habria acusado a la mujer de confianza de Laura Borràs de injerencia en su independencia profesional. Palomares, afirma, se siente desautorizado. De ahí la decisión de encargar un segundo dictamen a otro letrado, Ferran Domínguez.

El pasado miércoles se reunió la Mesa sin que se entrara a debatir el contenido del mismo, por lo que los miembros intuyen que el problema es muy serio. Trasciende esa pugna entre juristas, pero no el dictamen sobre las licencias de edad.

Privilegios

Más allá de las complicaciones jurídicas del caso, el trasfondo es muy político. Hay que tener en cuenta que esos privilegios afectan a un porcentaje muy importante de la plantilla del Parlament, que se compone de unas 200 personas (sin incluir el personal eventual), pues 23 personas disfrutan de la prestación, mientras que otras 12 la tienen concedida, pero no la disfrutan aún.

“¿El trasfondo? Entre los beneficiarios hay excargos con mando en plaza que son amigos de los letrados que intervienen en la decisión de retirar las licencias. Hay letrados presionados por sus excompañeros”, explica un diputado de la oposición.

Eso, en lo que respecta a la polémica más inmediata. Pero lo que subyace detrás de esa guerra civil entre letrados del Parlament es el modelo de administración parlamentaria, constituida en los años ochenta y con gran predominio pujolista, cuyos vicios se han mantenido durante todo este tiempo, pero que han aflorado de forma más evidente durante los diez años de proceso independentista. “Los letrados tienen mucho poder, cobran sueldos altísimos y copan los más altos puestos del Parlament, como es la secretaría general --más de 250.000 euros al año-- y el cargo de letrado mayor --unos 125.000 euros”, afirma ese diputado. 

¿Es necesario que la secretaría general sea ocupada por un letrado? Expertos consultados por este diario afirman que no, que esas funciones pueden ser desempeñadas por un gerente. ¿Es sostenible que se mantenga una administración jurídica con las actuales pugnas internas? Cambiar el sistema de gestión parlamentaria exigiría reformas de gran calado, por lo que no se prevé que pueda realizarse a corto o medio plazo. De ahí que comience a extenderse en la Cámara autonómica la idea de que Borràs debería cesar a su equipo de confianza.

Falta de transparencia

Pero, de momento, las destituciones han sido muy quirúrgicas. Esther Andreu ha retirado la dirección de los servicios jurídicos de la Cámara a Palomares, y también la competencia de prestar asistencia y asesoramiento jurídico especializado en cuestiones relacionadas con las funciones de la Mesa y la Junta de Portavoces al exletrado mayor y actualmente letrado raso Antoni Bayona. Hay que recordar que este jurista denunció la falta de transparencia en gestión de las licencias de edad, afirmación que negó rotundamente Andreu quien, a su vez, en un comunicado público también con pocos precedentes, acusó a Bayona de "superioridad jurídica y moral" "y de "despreciar el trabajo de varios compañeros del Parlament".

“Es un desastre para la institución que crea una gran inseguridad jurídica", subrayan varios miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlament.

Todo eso sucede en la Mesa del Parlament más independentista de la historia: la presidenta Borràs (Junts per Catalunya), las vicepresidentas Alba Vergès (ERC) y Assumpta Escarp (PSC-Units) y los secretarios Ferran Pedret (PSC-Units), Aurora Madaula (Junts), Carles Riera (CUP) y Ruben Wagensberg (ERC).

Las formas de Borràs y de su mano derecha de abordar los asuntos estrictamente jurídicos de la Cámara han llevado a algunos diputados veteranos a plantearse si ambas están a la altura de las circunstancias.

Nadie se postulaba

Hay que recordar que Andreu y Palomares ascendieron después de que Joan Ridao abandonara el cargo. Todo ello, antes de que Borràs colocara a sus personas de confianza en la institución. Xavier Muro, a su vez, fue cesado por la presidenta del Parlament. Fuentes conocedoras del proceso de renovación que ha tenido lugar en la legislatura en curso aseguran que “nadie se postulaba para ocupar ambos puestos, por lo que los sucesores de Ridao y Muro se hicieron por descarte”.

La destitución de Muro era previsible, ya que, en los días más convulsos del procés, rechazó las principales iniciativas rupturistas del Parlament. Es más, el expresidente Quim Torra presionó al expresidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC) para que lo destituyera por negarse a publicar en el boletín oficial párrafos contra la monarquía que contravenían las advertencias del Tribunal Constitucional. En aquella ocasión, los nueve letrados --incluido Muro, Joan Ridao, Esther Andreu, Miquel Palomares, Mercè Arderiu, Antoni Bayona, Anna Casas, Ferran Domínguez y Clara Marsans-- firmaron un documento en defensa del entonces secretario general.

“Con Muro también había pugnas entre letrados, pero estas no trascendían. Ahora hay facciones que expresan sus peleas en los pasillos del Parlament, e incluso supuestos ajustes de cuentas de los que, hasta ahora, se habían sentido tratados de forma injusta porque estaban relegados a posiciones periféricas”, afirma otro diputado conservador.

En paralelo, las relaciones entre Torrent y el vicepresidente Josep Costa (Junts), conocido por su activismo independentista, habían alcanzado su momento más álgido. Hay que tener en cuenta que Costa es un político muy cercano a Borràs --junto a Francesc de Dalmases y Quim Torra formaban el llamado war room-- y “con ella cambió todo”, afirman fuentes parlamentarias.

Inma Folchi, la 'gobernanta', se va

Los efectos corrosivos del procés habían comenzado años antes, con la marcha de Inma Folchi, quien durante 16 años fue la secretaria del Parlament --aseguran que era una de las personas que más poder tenía como gobernanta de la institución--. Lo hizo en vísperas de que Junts pel Sí y CUP firmaran un documento de ruptura, finalmente aprobado por el Pleno el 9 de noviembre de 2015.

También dimitió Pere Sol, predecesor de Muro como secretario general, mientras que Francesc Pau, exletrado mayor muy crítico con la tramitación de las leyes de ruptura, ha rechazado también de frente episodios como la suspensión de la actividad parlamentaria en protesta por la inhabilitación del diputado Pau Juvillà (CUP) o con la resistencia de eliminar las licencias de edad.