La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas resolverá este lunes sobre los recursos presentados por las defensas contra la decisión de rechazar los avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que presentaron en su día antiguos altos cargos de la Generalitat para afrontar fianzas por valor de 5,4 millones de euros que se les impuso por un presunto uso irregular de fondos.

El pasado mes de octubre, la delegada instructora del Tribunal, Esperanza García Moreno, rechazó los avales que presentaron hasta 28 excargos del Govern, entre ellos los del expresidente Carles Puigdemont, aun prófugo de la Justicia, y al antiguo vicepresidente Oriol Junqueras, uno de los condenados y posteriormente indultados por el ‘procés’.

Sin amparo

Ante esta decisión, que deja en una delicada situación financiera a los implicados, las defensas presentaron los correspondientes recursos, cuya resolución se conocerá en las próximas horas.

La delegada instructora señalaba que "atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público", y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, "el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado".

Exconsejeros

En la decisión, la magistrada avisó de que dado que ya se había vencido "con exceso" el plazo para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procedía "el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales" del ICF.

Además de Puigdemont y Junqueras, entre los afectados también están el expresidente Artur Mas y los exconsejeros Raül Romeva y Andreu Mas-Colell.

La instructora avisaba en su escrito de que contra esta resolución cabía recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, pero advertía además de que esto no implicaba la suspensión de las actuaciones.