El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el decreto ley que el Govern aprobó en 2020 para frenar los desahucios de personas vulnerables en la pandemia y que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a acreditar que habían ofrecido un alquiler social al inquilino antes de instar al desalojo.
Según fuentes del TC, el pleno ha estimado el recurso que presentó el Gobierno contra ese decreto ley, por entender que invadía competencias del Estado en materia de legislación procesal, y ha declarado inconstitucionales los tres artículos que integraban la normativa impugnada.
Errores de forma
La anulación de ese decreto, que pretendía proteger el derecho a la vivienda durante la pandemia de coronavirus, llega un día después de que el Parlament aprobara una nueva ley que también incluye la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales antes de promover un desahucio por la vía judicial.
La ley aprobada ayer miércoles, con los votos a favor de ERC, JxCat, CUP, Comuns y PSC-Units, busca subsanar los errores de forma que señaló el Tribunal Constitucional cuando anuló una normativa sobre vivienda que el Govern había aprobado en 2019, al entender que no podían imponerse medidas "coactivas" a los propietarios de viviendas.
Vulnerabilidad
El decreto de noviembre de 2020 que este jueves ha anulado el Constitucional pretendía reforzar esa primera normativa de 2019, mediante la inclusión de medidas para impedir los desahucios de las personas y familias vulnerables durante la pandemia.
Para ello, se consideraba vulnerables a las personas que antes de junio de 2019 vivieran en un piso sin título habilitante, a quienes hubieran finalizado un contrato de alquiler con un gran tenedor y a los que tuvieran dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.