La solicitud formal de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Govern evidencia hasta qué punto la administración catalana depende del Ejecutivo español para financiar su deuda. Y también el doble rasero del independentismo. La gesticulación identitaria fuerza a Pere Aragonès a rechazar acudir a las reuniones de los presidentes autonómicos y renuncia a ser motor de la nueva financiación autonómica, como lo fue Cataluña en 2009. Pero, por otro lado, la Generalitat acude al FLA, uno de los fondos creados para nivelar la financiación de las autonomías donde priman los criterios políticos, y que siempre ha sido generoso con Cataluña, pero que impide tener un sistema de financiación robusto, estable y transparente.
“El fondo de liquidez financia a la Generalitat porque los inversores privados no quieren hacerlo. No se fían de su solvencia. No solo lo hace con la Generalitat, sino también con otras comunidades autónomas”, explica el economista y profesor de la Universitat de Barcelona (UB) Gonzalo Bernardos.
Un total de 12.662 millones
El Govern prevé pedir prestados al FLA un total de 12.662 millones en 2022, una cantidad ligeramente inferior a los 13.014 millones solicitados en 2021. Un total de 11.138 millones de esa cantidad servirán para afrontar amortizaciones de deuda, principalmente para cubrir el pago de préstamos de años anteriores del FLA y otros mecanismos de liquidez habilitados por el Estado, aunque también para hacer frente a otros vencimientos de deuda.
El Estado puso en marcha estos fondos en 2012, en plena crisis financiera, para ayudar a las comunidades a disponer de liquidez en un momento en que los mercados financieros estaban cerrados a las emisiones de deuda de las autonomías. Esos préstamos se dieron a diez años, con los dos primeros de carencia, pero desde enero de 2020 se otorgan a 12 años, con cuatro de carencia.
De esta forma, la amortización de préstamos vinculados a esos mecanismos de liquidez cada vez pesa más en las cantidades solicitadas por Cataluña al FLA, dado que se van a acumulando año a año los retornos de deuda contraída desde 2012.
Ayer, el Govern acordó solicitar formalmente la adhesión al FLA, al mismo tiempo que anunciaba la ausencia de Aragonès en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el viernes en La Palma.
Intenso debate territorial
Benja Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que “la mayor parte del gasto autonómico se cubre con impuestos y transferencias cedidas por el Estado o, en menor medida, mediante deuda pública propia. Esta falta de 'control' y de suficiencia sobre los recursos de las comunidades autónomas aviva aún más el debate sobre su financiación, que además se ve dificultado por rivalidades políticas y territoriales, las cuales se centran más en buscar agravios entre territorios o mejorar los resultados electorales de los políticos autonómicos a corto plazo”. Por todo ello, explica el experto, “no es de extrañar que el sistema de financiación autonómica esté en permanente entredicho y que su revisión dependa en exceso de la coyuntura política de cada momento”.
Y la coyuntura es, actualmente y a diferencia de 2009, la de un gobierno independentista que mantiene el pulso con el Estado, que opta por la “política de silla vacía”, como denuncia la portavoz parlamentaria de PSC-Units, Alícia Romero, consistente en plantar sistemáticamente las reuniones multilaterales de presidentes y renunciar al papel activo que tuvo Cataluña en la anterior reforma de la financiación autonómica.
Una reforma que, tal como publicó Crónica Global, pone sobre la mesa la posibilidad de condonar parcialmente la deuda de las comunidades. Una oportunidad que el Govern no parece apreciar, a pesar de los problemas que tiene para financiar la deuda, lo que obstaculiza su salida a los mercados.
Resolver la gran bolsa de deuda
Montserrat Colldeforns y Maria Antònia Monés, autoras del informe titulado Apuntes para una reforma federal del sistema de financiación autonómica, publicado por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, creen necesario resolver la gran bolsa de deuda de las comunidades generada por los denominados “mecanismos de liquidez”, imprescindibles para afrontar la crisis económica de 2008, pero que ahora “son un lastre que se debe eliminar o, como mínimo, suavizar por la vía de la condonación parcial de la deuda, de acuerdo con las circunstancias objetivas de cada comunidad autónoma”.
"Ni mucho menos está claro que la Administración central vaya a condonar, ni parcial ni totalmente, la deuda. Si lo hiciera, sería un precedente desastroso. Favorecería al manirroto y perjudicaría al buen gestor", advierte el economista Gonzalo Bernardos.
Los inversores privados no se fían
Otra de las propuestas de Colldeforns y Monés es reordenar los fondos que, como el FLA, el Gobierno utiliza para contentar a los territorios a modo de nivelación abierta, lo que queda al albur de las decisiones políticas. “A la Generalitat no le entusiasma recurrir al FLA, pero no tiene más remedio. Los intereses que paga por el FLA son muy inferiores a los que pagarían si le financiaran inversores privados. Madrid ya acude a los mercados privados de financiación. No obstante, lo hace porque tiene muchas menos deuda y un mejor rating. Si los inversores financiaran a Cataluña, lo harían a un tipo de interés elevado. Para todos, es mejor que la Generalitat siga recurriendo al FLA”, afirma Bernardos.