La Oficina Antifraude ha pedido al consejero de Economía, Jaume Giró, y a la directora gerente del Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, que le remitan toda la información que tienen en sus departamentos sobre el contrato millonario que Salut firmó el 19 de marzo de 2020 para comprar mascarillas en China. Se trata de la contratación de urgencia que ya levantó polvareda en el momento de la adjudicación, ya que la empresa que se llevó el encargo, Basic Devices, no tenía experiencia previa en la compra de material sanitario y ni siquiera contaba con personal contratado.
Los operadores habituales del sector ya apuntaron en ese momento que la sombra de la corrupción era larga en esta licitación. De hecho, el 20 de marzo la propia Generalitat denunció ante Mossos d’Esquadra el contrato por una presunta “tentativa de estafa”, un proceso del que desistió tres días después.
Contrato de 60,6 millones
El contrato inicial se elevaba a los 60,58 millones de euros e implicaba la adquisición de mascarillas FFP2 y quirúrgicas; vestidos de riesgo biológico; respiradores pediátricos y de adultos y equipos VMNI de alta velocidad para niños y mayores. El 20 de marzo la vicepresidencia de Hacienda, en ese momentos encabezada por Pere Aragonès, hizo un primer pago de 35 millones a Basic Devices.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno / EFE
El 5 de mayo de 2020 el ICS modifica la licitación inicial y desiste de parte del material que se había encargado. El importe final se redujo hasta los 35 millones, la cantidad exacta que se había pagado pocas semanas antes. Finalmente, en diciembre de 2020 aseguró que los materiales que se habían pactado con la empresa “se habían entregado en su totalidad”, tal y como indica Antifraude en el escrito presentado.
30 días para responder
Las pesquisas por riesgo de corrupción se iniciaron en abril de 2020 y, “como consecuencia de los resultados obtenidos en el examen del contrato”, la Oficina Antifraude ha dado 30 días a los actuales responsables de los dos departamentos del Govern para que “informen sobre las medidas adoptadas en relación a las irregularidades que se exponen”.
El organismo público ha identificado cuatro:
- Falta información sobre los “contactos preliminares” del encargo por emergencia con Basic Devices. Se desconoce cómo la Generalitat entró en contacto con la empresa, ya que no consta en el Registro Público de Contratos del Govern, por lo que no está acreditado cuál es su campo de actuación, qué contactos tiene ni se brindan “garantías básicas de la efectividad del aprovisionamiento del material a librar”. Además, asegura que las consultas a la compañía en cuestión “no han sido esclarecedoras ni transparentes”.
- Se incurre en una “posible situación de prohibición de contratar con Basic Devices”. Además, de lo expuesto con anterioridad, Antifraude ha constatado que, en el momento del encargo, la compañía “no disponía de personas trabajadoras a su cargo” y en la documentación del expediente tramitado por el ICS existe “una incongruencia de fechas”, en relación “con el momento en que se realizó la declaración responsable de la empresa contratista sobre su capacidad, solvencia y representación”. Por todo ello, considera que existen indicios sólidos de que, al firmar el contrato con la Administración catalana, Basic Devices estaba en una “situación de prohibición de contratar”.
- Inexistencia de cobertura legal para el abono de la prestación. Existen dudas sobre los motivos reales de los más de 35 millones de anticipo para comprar el material en China que recibió la compañía. “El abono de esta importante cantidad se hizo sin que se encuentre en el expediente administrativo aportado por el ICS ninguna justificación documentada sobre la necesidad inaplazable e inevitable de realizarse”. Por todo ello, concluye que el Govern ejecutó un “acto de temeridad, que supuso asumir un riesgo no controlado”
- Inadecuado uso del desistimiento y la modificación del contrato. Antifraude asegura que existen “aspectos formales” en los argumentos esgrimidos por el ICS para cambiar el encargo inicial de 60 millones por los 35,6 que ya se habían pagado a Basic Devices. Reconoce que las “figuras” que existen en el derecho administrativo son de “difícil encaje en el marco de una contratación de emergencia”, considera que el gobierno catalán tendría que haber sido más pulcro en el procedimiento.
Quién es Basic Devices
El fiscalizador de las Administraciones públicas catalanas asegura que cuando obtenga las respuestas de Giró y Lejardi, que no tienen ninguna relación con el expediente tramitado ya que el encargo es de la legislatura anterior, decidirá cuál es su próximo paso.
Basic Devices es una empresa cuya sede está radicada en Vilafranca del Penedès (Barcelona). El actual administrador único es José María Parellada Ripoll, que sucedió en el cargo en 2014 a Roger Parellada Ferrer. La sociedad se creó en 2008 por este ejecutivo y José María Carbassé Berengué, tal y como consta en la información depositada en el Registro Mercantil.