La Cataluña vacía pierde subvenciones por la falta de secretarios rurales

“Es el pez que se muerde la cola. Llega más dinero a los consistorios de Lleida, pero no se puede gestionar”, explica a este medio el portavoz del PSC en la Diputació de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha pedido incrementar las partidas económicas que los consejos comarcales dedican a esa asistencia técnica. Los socialistas presentaron enmiendas a los presupuestos general de la Diputació para 2022 en las que proponían aumentar en 100.000 euros las partidas destinadas a los consejos comarcales para secretarios e interventores, y 300.000 euros para el acuerdo que estos organismos supramunicipales tiene con los SAT. Pero no fueron aceptadas.

La ley establece que los ayuntamientos cuyo presupuesto no alcanza los 200.000 euros y su población es inferior a los 500 habitantes no están obligados a contratar secretario interventor, por lo que son asistidos por miembros del SAT. En base a esa norma, un total de 21 municipios leridanos estarían exentos, pero la Diputación –cuyo equipo de gobierno está en manos de ERC y Junts per Catalunya– está financiando la labor que realizan 36 SAT en un total de 74 ayuntamientos. Un servicio, gestionado por los consejos comarcales, que desborda a los técnicos.

Testimonio de un miembro del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) que dan apoyo a los ayuntamientos

“Soy SAT de tres ayuntamientos y sinceramente alucino con el pronunciamiento que ha hecho la Diputació de Lleida sobre la alegación presentada por el Csital”, explica un técnico. Sus tareas, afirma, se multiplican por tres: “PUOSC, aprobación de presupuesto, liquidación de presupuesto, cuenta general, comunicación del estado de la deuda, planes de cooperación, salud, caminos, prevención de incendios, cargos electos, consultorios, jueces de paz, licitaciones de obra, concesión del servicio de bar, concesión del servicio de taxi; plenos ordinarios y extraordinarios, obligaciones trimestrales de suministro de información al Ministerio… La lista sería interminable, cada día la normativa aumenta y los recursos y personal son los que son. Lamentable por parte de la Diputació, creo que los SAT tendrían que llevar, como máximo, dos ayuntamientos”.

Seis secretarios municipales diferentes

“Hay alcaldes que han tenido hasta seis secretarios municipales diferentes”, explica Csital. Este Colegio profesional presentó alegaciones al presupuesto de 2022 debatido en el pleno de la Diputació celebrado la semana pasada. En las mismas denunciaban la “dotación insuficiente para la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica a los municipios”, por lo que reclamaban incluir "los créditos y las plazas necesarias” para llegar a una ratio de dos municipios por cada secretario interventor. El equipo de gobierno desestimó las alegaciones al recordar que “son las comarcas, y no las diputaciones, las que deben disponer en sus relaciones de puestos de trabajo y sus presupuestos las plazas que, al respecto, deben crear”.

Un pueblo del Pirineo catalán, afectado por la despoblación / WIKIMEDIA COMMONS

La Diputació cifra en 1.473.050 euros la partida destinada en 2021 a los consejos comarcales para reforzar los SAT, cifra a la que añade 2.616.950 euros en concepto de asistencia técnica y cooperación municipal.

Una encuesta para analizar la situación

No obstante, y así se explicó en la sesión plenaria, la Diputació está realizando una encuesta a los ayuntamientos para precisar el estado de situación de este servicio y, en función de las respuestas “se abre la puerta a incorporar más recursos económicos en una posterior modificación presupuestaria”, afirman desde la presidencia del organismo supramunicipal.

En cuanto a la creación de plazas de secretarios, se trata de una competencia que el Estado volvió a asumir en 2013. Pero Csital considera que la situación de su personal “está al límite” y que esos 2,6 millones mencionados por la Diputació van dirigidos sobre todo a la contratación de arquitectos municipales. Advierten de que, en cinco años, se jubilarán el 50% de los secretarios municipales. “Los políticos aseguran que quieren ayudar a la Cataluña vacía, pero no ayudan a que podamos gestionar los recursos”, denuncian desde el Csital.

“Hay situaciones trágicas”, añade Fèlix Larrosa, para quien explica que “más allá de las cuestiones jurídicas que puedan impedir ampliar el presupuesto, el problema de fondo es real: no se están dando el servicio. Y si esos municipios no son competitivos, nadie irá a trabajar allí. Más despoblación entonces”. El socialista asegura que a esta precariedad se unen “problemas de gestión” derivados de “discrepancias entre interventores y tesorería, discusiones sobre los plazos de pago a los proveedores y incluso impagos a trabajadores”.