La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha pedido a la juez que investiga el supuesto desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad el archivo de la causa contra ella, alegando que actuó correctamente y de forma activa desde que el concejal denunciante que dio la alerta, el socialista Jaume Graells, le informó de las posibles irregularidades.

La solicitud de sobreseimiento, a la que ha tenido acceso Crónica Global y que tiene 61 folios, explica que en los informes policiales se atribuye a Marín “una dejadez en la llevanza del asunto en cuestión que, según la UDEF, puede revestir carácter delictivo”. Pero la defensa alega que “lejos de configurar una actitud jurídico-penalmente relevante” la conducta de la alcaldesa “fue la debidamente exigida según su condición de alcaldesa”. En este sentido, explican los abogados de Marín, se reunió con el denunciante el mismo día en que le comunicó la existencia de “hechos relevantes sobre el Consell Esportiu”.

Siempre a disposición del denunciante

“Contrariamente a la dejadez atribuida a la señora Marín en los informes policiales y que supondría posponer la cuestión, relativizarla o menospreciar el contenido que quería exponer el denunciante, la señora Marín se reunió con Graells ese mismo día en su despacho”. A continuación, “llamó, en presencia de Graells, a la secretaria municipal Maite Redondo, máxima autoridad legal del ayuntamiento, quedando en verse a la mañana siguiente. Sin mucho menos evitar la interlocución con Graells, Marín siempre se puso a su disposición”.

Asimismo, “guardando la debida cautela”, citó al teniente de alcalde Cristian Alcázar y al exconcejal de deportes Cristóbal Plaza, imputados en la causa, para preguntarles por las supuestas irregularidades. Alcázar advirtió a Marín de unas cuestiones personales y sentimentales del denunciante que podían haber promovido esa situación”, indica el escrito. Lo mismo sucedió con Plaza, "que negó las acusaciones (genéricas) vertidas, insistiendo que conflictos de índole persona y sentimental motivarían la actuación de Graells”.

Auditoría fiscal

Ante la existencia de versiones contradictorias, la alcaldesa encargó "una auditoría fiscal, contable y de gestión que pudiera determinar la existencia o no de una situación susceptible de intervención judicial". La edil también solicitó la revisión de todas las subvenciones, contratos y cualquier relación existente entre el ayuntamiento y el Consell de los últimos años para ver si todo estaba correcto, si se habían realizado los controles oportunos, comprobando la finalidad de las subvenciones y que estas se dedicaban a los fines solicitados, respondiéndose desde Intervención General que todo estaba correcto”.

Añaden que la relación de Marín con el Consell es "estrictamente institucional" y, contrariamente a lo asegurado por la Policía Judicial, “no ha intervenido en los procedimientos de otorgamiento de subvenciones otorgadas ni al Consell ni a ninguna otra institución”. Tampoco ostenta “competencias en relación con el control, verificación y fiscalización de la aplicación de las subvenciones otorgadas”.

Concluyen los abogados defensores “la ausencia de cualquier participación de carácter delictivo”. “Además, debe tenerse en cuenta la especial condición de mi demandante y la afectación directa que puede tener una permanencia innecesaria y dilatada en el tiempo en la presente causa como investigada, pues las consecuencias a nivel personal y profesional pueden ser irreversibles”.