El Tribunal de Cuentas ha acordado que se levante el embargo sobre los inmuebles del expresidente catalán Artur Mas y de los exconsellers de la Generalitat Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau que se les impuso en diciembre de 2017 para hacer frente a parte de la fianza de 5,25 millones de euros que debían depositar por su responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
Ese embargo se produjo debido a que los excargos del Govern no lograron cubrir las cantidades dinerarias que el Tribunal de Cuentas pedía en un primer momento. Ahora, en el auto del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que las cantidades consignadas por los declarados responsables contables "debe tenerse por suficientemente garantizada la efectividad de la tutela jurisdiccional resultante de la sentencia firme dictada en el presente Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-215/17".
Unos cinco millones de euros
Esto es así porque desde 2017 se han ido consignando distintas cantidades hasta alcanzar la suma que se les reclamaba, 4,9 millones, más los intereses, que se cifraban en más de un millón. Por eso, ahora el Tribunal de Cuentas acuerda "acceder a la petición de alzamiento de las garantías inmobiliarias prestadas que ha realizado tanto la representación procesal de Mas, como Joana Ortega, Josefina Valls i Vila, Frances Homs, Jordi Vilajoana Rovira e Irene Rigau.
Fuentes jurídicas cseñalan que si bien en un principio se logran afianzar solo tres millones gracias a las campañas de solidaridad --motivo por el que se tuvo que aportar las viviendas--, a lo largo de los años y hasta julio de 2021 se realizaron más aportaciones dinerarias hasta alcanzar los más de 6 millones de euros.
Desde ese mes de julio, se ha esperado la notificación del órgano fiscalizador que por fin ha llegado este mes de febrero y que supone levantar el embargo sobre las diferentes propiedades.
Responsabilidad contable
Cabe recordar que en diciembre de 2017 el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo preventivo de inmuebles después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones de euros que debían depositar, mientras se estudiaba su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en el 9N.
Los inmuebles a los que se levanta el embargo son el domicilio de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona), las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona) y una propiedad de Vilajoana.