La justicia confirma la imputación de Colau por las subvenciones a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción número 21 el próximo 4 de marzo a las 10.30 de la mañana en condición de investigada por las sospechas de que otorgó subvenciones de forma irregular a entidades afines a su partido, Barcelona en Comú. Así lo ha decidido el magistrado que investiga el caso, Ignacio Sánchez García-Porrero, al rechazar el recurso de la defensa de la edil, avanza El Periódico. Ratifica de esta forma su imputación por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas al sentenciar que "contra el auto de admisión de la querella, no cabe interponer recurso alguno".

La denuncia que lleva a la alcaldesa ante la justicia ha sido presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática y ha sido puesta en cuestión por Colau. Hasta la fecha, la líder de los comunes ha mantenido una estrategia que se basa en criticar quién forma parte de esta organización. Asegura que ha sido denunciada y es investigada por presuntos delitos vinculados a la corrupción por las "fuerzas económicas" de la ciudad que no están de acuerdo con su gestión. 

Entidades que han recibido ayudas

En cuanto al fondo del asunto, los comunes han pasado de puntillas por las ayudas públicas que están en el foco judicial. Se han limitado a asegurar que entidades como el Observatorio DESC, donde la propia Colau trabajó antes de dar el salto a la política; Ingenieros sin Fronteras, que fundó el ahora concejal Eloi Badia; Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la entidad fundada por la alcaldesa y que la llevó a convertirse en un personaje público al ejercer de portavoz o Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras, empezaron a recibir ayudas públicas durante la última etapa del mandato de Xavier Trias (CiU). 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EP

Aun así, en los dos mandatos de BComú en la alcaldía las cuantías económicas han subido de forma destacada. Además, se pone en duda la finalidad, utilidad y uso real que se ha hecho de los proyectos encargados. Es objeto de la investigación judicial verificar si las aportaciones municipales se destinarían a financiar puestos de trabajo, actividades y el funcionamiento de unas organizaciones que se usarían como plataforma de los cuadros de la formación política. 

Falta de concurrencia pública

En el auto de admisión de la querella, la asociación apuntó que la alcaldesa firmó de forma "arbitraria, discrecional y recurrentemente" las subvenciones que percibían las asociaciones. Además, indicó que el proceso carecía de justificación y que se otorgaron "sin la concurrencia pública" necesaria para los proyectos a los que iban destinadas. 

Señalaba un presunto sistema de financiación irregular en que el ayuntamiento aprobaba convenios, contratos menores y subvenciones directas a las entidades para redactar estudios e informes que no tenían nada que ver con las competencias municipales. Se superaba esta cuestión para poder mantener, según los denunciantes, empleos y acciones de los organismos que servirían para divulgar las políticas de los comunes y mantener parte de la estructura de la formación. 

Tranquilidad de la alcaldesa

La imputación de la alcaldesa de Barcelona abrió un debate en la ciudad sobre si tenía o no que dimitir. No existe ninguna ley que obligue a Colau a tomar esta decisión, solo el código ético interno de los comunes en que se expresa que los cargos públicos cesarán en sus responsabilidades en el momento en que sean investigados por una causa relacionada con la corrupción.

Los funcionarios denuncian que la nueva oficina judicial no es eficaz / EP

La líder del partido asegura que esta norma interna no le afectaría porque, en este caso, no se apunta ninguna irregularidad para el enriquecimiento personal. "Tengo toda la tranquilidad de que si tengo que ir a declarar iré a declarar y si tengo que compartir información lo haré", afirmó en una entrevista en TV3. Lo hará en poco más de 15 días en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.