El contrato de arbitraje de Cornellà que deja 11 detenidos en la ciudad

Una investigación judicial que se prolonga en el tiempo y que afecta a dos ayuntamientos metropolitanos del PSC, el de L’Hospitalet y Cornellà. Fuentes socialistas no esconden su preocupación ante lo que puede ser la punta del iceberg de otras irregularidades en la gestión. El número de detenidos, un total de once --cuatro pasarán a disposición judicial--, hizo saltar las alarmas en estos consistorios, gobernados por el PSC --y en el caso de Cornellà, junto a los comunes-- desde hace décadas.

La noticia saltó por la mañana, cuando el Juzgado de Instrucción 4 de Cornellà ordenó efectuar entradas y registros en el Ayuntamiento de Cornellà y en Consejo Comarcal del Baix Llobregat, con sede en Sant Feliu de Llobregat.

Un aval y una póliza

Este juzgado recibió, por reparto, una pieza separada derivada del Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet, que investiga el caso del Consell Esportiu por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la administración pública. Están imputados la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, el director del Consell, Eduard Galí, y el exconcejal de Deportes, Cris Plaza.

La presidenta del PSC, Nuria Marín, presenta el lema del congreso extraordinario del PSC

Durante esas pesquisas, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional consideró sospechoso que el Ayuntamiento de Cornellà acordara con el Consell Esportiu de L'Hospitalet que éste optara a un contrato público por un importe de 80.000 euros para servicios de arbitraje de un campeonato deportivo infantil que se iba a disputar en Cornellà. El Consell se adjudicó el contrato, y presuntamente se acordó que se quedara un 10% de la facturación. En paralelo, el Consell pidió un aval --como es preceptivo en este tipo de contratos públicos-- y una póliza de crédito a una entidad catalana “para evitar que, por puntas de tesorería, se produjera un descubierto”, explican fuentes de la defensa de los imputados.

Reunión 'ficticia'

Tanto esta póliza como el aval se justificó con una reunión de la Comisión Directiva que no llegó a celebrarse. De ahí que la policía considere que este hecho pueda constituir un delito de falsedad en documento privado. Se da la circunstancia de que, en la causa que se sigue en L’Hospitalet, también se levantó acta de una reunión que nunca tuvo lugar, aunque en este caso, se podría imputar un delito de falsedad en documento público ya que intervino una administración pública.

Agentes de la Policía Nacional ante el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, donde han detenido a 11 personas / Carlos Manzano (CG)

Las mismas fuentes explican que el banco pidió a la administrativa del Consell Esportiu, Mercedes Hernández, la documentación necesaria para formalizar ambas operaciones. Ella redactó y elaboró los documentos necesarios, que se firmaron por el presidente y el secretario “en la confianza de que no había nada irregular”.

Los estatutos del Consell establecen que el presidente de este organismo es el máximo representante legal y, por tanto, quien está habilitado para firmar este tipo de operaciones. Hernández pidió al presidente del Consell, Cristian Alcázar, que firmara los papeles cinco minutos antes formalizar la operación con la entidad en la portería de la notaría, junto a otros papeles.