La CUP se ha ofrecido a hacerse cargo de la presidencia del Parlament para defender "con todas las consecuencias" el escaño de su diputado Pau Juvillà, inhabilitado por desobediencia no haber quitado lazos amarillos secesionistas de la fachada del Ayuntamiento de Lleida en período electoral. Por ahora, JxCat y ERC han desestimado la idea.
La oferta de la CUP, avanzada por Nació Digital y confirmada a Efe por fuentes de esta formación, estaba explicitada "en una circular" interna y se ha puesto "encima de la mesa" en las conversaciones con los otros dos partidos secesionistas: ERC y JxCat, los dos socios de gobierno de la Generalitat.
ERC y JxCat lo descartan
JxCat ostenta la presidencia del Parlament en la figura de Laura Borràs, atrapada estos días en un dilema ante la insistencia de la CUP en desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño a Juvillà: o desobedece y se expone a un proceso judicial, o la acata y se arriesga a los reproches de una parte del secesionismo que exige firmeza frente al Estado; por la manera de conducir el caso, está más cerca de la segunda opción.
Fuentes de la CUP han explicado que tanto JxCat como ERC rechazaron la oferta de asumir la presidencia de la Cámara, una posibilidad que los cupaires planteaban para "asumir responsabilidades" con "todas las consecuencias judiciales" a fin de "garantizar los derechos" de su diputado Pau Juvillà.
Mantienen su escaño
Según las mismas fuentes, la CUP también considera que asumiendo la presidencia del Parlament se podría defender mejor "la soberanía" de la Cámara, además de proteger el escaño de Juvillà.
Tras desestimarse esta propuesta, este miércoles ERC, JxCat y la CUP han pactado un dictamen en el que acuerdan mantener el escaño a Juvillà, aunque se imponen como "límite de la desobediencia" no comprometer penalmente a funcionarios.
La comuns, de nuevo muleta del secesionismo
El dictamen ha sido aprobado, con los votos a favor de los tres grupos secesionistas y de En Comú Podem.
En cambio, el PSC, Ciudadanos, Vox y el PPC han votado en contra en la Comisión del Estatuto del Diputado y, en los próximos días, deberá ser ratificado en el Pleno.