PSOE y Podemos apoyan que la Abogacía del Estado renuncie a los embargos del 'procés'

El PSOE y Unidas Podemos han justificado este martes la decisión de la Abogacía del Estado de no personarse en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra una treintena de exdirigentes y altos cargos de la Generalitat catalana por utilizar dinero público para la promoción del procés en el extranjero, alegando que esos fondos no son del Estado, sino que corresponden al Govern catalán que dirigen los propios partidos secesionistas.

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de ambos partidos, socios en el Gobierno español, durante el debate en la Diputación Permanente del Congreso al hilo de una solicitud del PP para pedir explicaciones a la ministra de Justicia, Pilar Llop.

El debate se ha visto salpicado por ataques de ERC y JxCat al Tribunal de Cuentas, al que han llegado a tildar de "franquista", un término que ha sido retirado del Diario de Sesiones por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

"Claudicación"

El portavoz del PP en el debate, Carlos Rojas, ha arrancado el debate afirmando que la decisión de la Abogacía del Estado de declararse "parte no interesada" en este procedimiento, que podría implicar embargos a los líderes del procés, responde a una "estrategia de claudicación" del Gobierno ante el secesionismo para continuar "unos meses más" en la Moncloa. "Es inadmisible que el Gobierno renuncie a reclamar lo que es de todos", ha manifestado.

Tanto Ciudadanos como Vox han cuestionado también que la Abogacía no se sienta concernida o perjudicada por el presunto uso irregular de fondos públicos para el referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O, las denominadas embajadas catalanas en el extranjero y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña --conocido como Diplocat--, y por esa razón han respaldado la exigencia de explicaciones a Llop reclamada por los populares.

PSOE: "No son fondos del Estado"

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han justificado la decisión de la Abogacía del Estado de no personarse en esta causa porque, en su opinión, los recursos públicos en cuestión son de la Generalitat, no del Estado. "Que una parte de los recursos de la Generalitat puedan tener origen en el Estado no hace que sean fondos del Estado", ha dicho el diputado del PSOE Francisco Aranda.

"Se han equivocado de ventanilla", ha añadido, por su parte, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, antes de afear al PP que pretenda que el Ministerio de Justicia dé instrucciones a una Abogacía del Estado que debe ejercer sus funciones sobre la base de criterios técnicos y jurídicos y, según ella, no partidistas.

Al igual que los socialistas y el grupo confederal, también ERC y JxCat han votado en contra de la petición del PP entre gruesas críticas al Tribunal de Cuentas. En ERC, Montserrat Bassa ha acusado al órgano fiscalizador de ser "el brazo económico de la represión" en Cataluña, mientras que Míriam Nogueras, de JxCat, lo ha tildado de "franquista" en diversas ocasiones. Este adjetivo ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a decidir la retirada de ese término del Diario de Sesiones ante la negativa de la dirigente ultranacionalista a hacerlo.