La Sección Quinta de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una vez recibido testimonio del Tribunal Supremo, ha dictado decreto de firmeza de la sentencia emitida por la sala el pasado 16 de diciembre de 2020 en relación a la aplicación del 25% de lengua castellana en las escuelas. La Generalitat tiene dos meses para ejecutar la sentencia firme.
Con fecha 20 de enero de 2022, el tribunal catalán recibió del Tribunal Supremo la providencia que declaraba la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Generalitat, por lo que se declara la firmeza del primer fallo. El TSJC también insta a comunicar el órgano responsable del cumplimiento del mismo en un plazo de 10 días, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél". Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
En su fallo, los jueces catalanes estimaban parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.
La inadmisión del recurso por parte del Supremo ha dado lugar a una tormenta política, ya que el Govern se resiste a ampliar las horas de castellano en los colegios, tal como ordena la Justicia en respuesta a la reclamación de padres de alumnos que rechaza el modelo de inmersión. La Generalitat, por el contrario, quiere blindar el sistema monolingüe.
El pronunciamiento del Supremo puso el foco en una escuela de Canet de Mar, que el consejero de Educación, Josep González-Cambray, convirtió en escenario de sus "desobediencia" a los tribunales.