El Gobierno catalán ha disuelto el comité de expertos sobre el Covid-19 encargado de examinar la afectación de las restricciones antipandémicas sobre los derechos fundamentales. El Departamento de Justicia, que comanda Lourdes Ciuró (Junts), ha liquidado el grupo de trabajo tras un estudio crítico con las medidas.
Lo ha avanzado Cadena SER, que ha precisado que el Ejecutivo regional no tiene previsto publicar el informe del grupo de expertos. El documento, en sus conclusiones provisionales, es crítico con la gestión sanitaria que han hecho las Administraciones.
Pionero
El Govern anunció la creación de un comité de sabios en junio de 2020. Con ello, el gabinete de Pere Aragonès (ERC) pretendía avalar las nuevas restricciones sin que colisionaran con los derechos fundamentales. No obstante, la presentación de las conclusiones preliminares del primer informe del comité se aplazó dos veces.
Finalmente, la Consejería de Justicia ha decidido que no publicará el dictamen no vinculante. Alega que no está completo, pues faltan las conclusiones definitivas.
Pulso Junts-ERC
Lo que es más, el equipo de Ciuró sostiene que cuando la consejera tomó posesión en mayo de 2021, el grupo de expertos ya no existía. Se había disuelto. Por contra, la exconsejera del ramo de ERC, Ester Capella, indica que dejó el puesto con el comité en marcha, y que su voluntad era que continuara.
La pugna entre socios de Ejecutivo autonómico es una más en el Palau de la Generalitat. ERC y Junts han discrepado de diversas políticas, con la vista puesta en qué partido logra la hegemonía dentro del independentismo catalán.
Un informe crítico que no verá la luz
Sea como fuere, el comité de expertos de medidas antipandémicas en Cataluña ya no existe. Y su único informe, crítico con el Estado de Alarma, la centralización de la gestión o la falta de expertos junto a políticos, no se publicará.
De hecho, uno de los miembros, el coordinador del grupo, Xavier Bernadí, también secretario del Govern, alertaba hace unos meses de que el grupo pidió más transparencia a las Administraciones. Ello incluía el Procicat, el ente que centraliza las decisiones contra la enfermedad en Cataluña.