Impulso Ciudadano exige al digital La República que retire de inmediato el calificativo “fascista” con el que definió a la entidad en una noticia. La entidad, que defiende los derechos de los castellanohablantes, ha ejercitado el derecho de rectificación y plantea una queja al CIC (Consejo de la Información de Cataluña).
El pasado 10 de enero, La República publicaba una información titulada Impulso Ciudadano busca més les pessigolles denunciant ‘discriminació’ del castellà al web de la Generalitat [Impulso Ciudadano busca más las cosquillas denunciando “discriminación” del castellano a la web de la Generalitat] El subtítulo de la noticia rezaba: L’entitat feixista diu que el ‘maltractament’ es dona en normes, serveis i tràmits fonamentals per a la ciutadania [La entidad fascista dice que el “maltrato” se da en normas, servicios y trámites fundamentales para la ciudadanía].
"Demonizar a una entidad cívica"
La Junta Directiva de Impulso Ciudadano acordó exigir al medio independentista la retirada inmediata del calificativo “fascista”, al considerarlo "absolutamente inaceptable por cuanto busca demonizar a una entidad cívica crítica con el poder nacionalista, para así apartarla del debate público".
Para lograr su objetivo, Impulso Ciudadano ha promovido dos iniciativas. Por un lado, ha enviado un burofax a Joan Puig, director de La República, reclamando la retirada del calificativo “fascista” o su sustitución por “constitucionalista”, en los brevísimos plazos establecidos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Por otro lado, ha presentado una queja ante el Consejo de la Información de Cataluña por entender que el tratamiento que el digital separatista le da contraviene claramente los artículos 2 y 12 del Código Deontológico de la Profesión Periodística de Cataluña.
Si no se produce la retirada inmediata del calificativo “fascista”, Impulso Ciudadano llevará el tema a los tribunales, siguiendo el procedimiento establecido en la referida Ley Orgánica 2/1984.
Esta asociación considera "alarmante que se haya normalizado la denigración del discrepante por parte de plataformas propagandísticas llamativamente subvencionadas con el dinero de todos los catalanes. Solo de la Generalitat, La República ha percibido, en 2021, 20.517,36 euros en concepto de subvenciones estructurales a medios informativos digitales y 39.742 euros, en concepto de publicidad institucional".