En contra de lo que puedan afirmar los partidos independentistas, España es un país especialmente sensible con las lenguas minoritarias. Tanto que la imposición o los porcentajes educativos son una excepción. Así lo asegura José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, quien compara el modelo español con otros países del entorno.
"En todos los países de nuestro entorno europeo existe lo que se denomina en lenguaje jurídico internacionalista 'lenguas minoritarias', con mayor o menor variedad, implantación o problemática, incluso en países aparentemente homogéneos étnicamente, como Portugal o como Luxemburgo", explica Perea Unceta. En el ámbito del Consejo de Europa, en 1992 se aprobó la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que establece, entre otras cuestiones, la obligación de los Estados de reconocerlas, salvaguardarlas, fomentarlas en la educación y la cultura, y de permitir y facilitar su uso en la vida privada y en la pública. "Curiosamente, en nuestro entorno más cercano este tratado internacional solo ha sido ratificado por España, pero no así por Portugal, Andorra, Francia, Italia, Bélgica ni Irlanda; sí por Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Suiza. También casi todos los centrales y orientales, y casi ningún balcánico", añade el jurista.
Entre los que no han ratificado ese tratado hay diferentes tratamientos legales. En Portugal, donde se produce una gran expansión del romaní, no se le reconoce, "pero sí otra lengua con implantación territorial, como es, en el noroeste, el mirandés (a modo de asturleonés), pero solo con medidas de fomento y conservación. En Francia, como consecuencia intencionada de la Revolución, y porque así lo promovía la Ilustración, se ha considerado constitucionalmente al idioma francés como una seña de identidad nacional, de tal modo que hace dos siglos sirvió para 'igualar' en oportunidades a todos los ciudadanos tras una Francia del Antiguo Régimen con una enorme variedad comarcal de lenguas, costumbres o instituciones locales, y en la Francia actual, para buscar esa igualdad entre los originarios y los procedentes del extranjero, como medida de integración, de identidad y de igualdad".
En un país donde se habla en algunas zonas lenguas como el bretón, vasco, catalán o el corso, "la principal amenaza para estas lenguas minoritarias no ha sido el francés --como prueba su supervivencia durante estos 230 años de republicanismo igualitario--, sino que es actualmente la lengua propia de los inmigrantes, que aun siendo de segunda generación continúan hablando (principalmente el árabe) en su vida privada". Por eso, a iniciativa de un diputado bretón, en abril de 2021 se aprobó una ley para proteger las lenguas regionales, con un apoyo del 75% de la Asamblea Nacional.
Proponer, no imponer
"Esta ley --precisa Perea Unceta-- no se parece nada al sistema español, porque no prevé la 'imposición' de esas lenguas minoritarias, sino la 'proposición', como se explica en la misma, pues lo que se trata es de dar la opción de estudiar esa lengua (no 'en' esa lengua) si así lo solicitan los padres, y de ir ampliando su uso si hay acuerdo entre padres y profesores en cada colegio a algunas actividades (en principio no se habla de asignaturas). Asimismo, no se prevé ninguna medida para su uso obligatorio u opcional en los procedimientos, instituciones públicas, etcétera".
En Italia, donde hay muchos dialectos del italiano (napolitano, siciliano, lombardo...), pero también otros propios de Estados vecinos como el alemán tirolés (Alto Adigio), el catalán (Cerdeña), el francés (Valle d'Aosta) y el esloveno (Trieste), una ley de 1999 promueve su reconocimiento en las Administraciones regionales (la mayor parte lo han hecho), lo que se ha traducido en la enseñanza de esas lenguas en los colegios (nuevamente 'de', no 'en'), su uso en programas de la radiotelevisión estatal y en las cadenas públicas regionales. El caso más singular es el francés en el Valle d'Aosta pues es cooficial, por lo que también se utiliza en los procedimientos públicos.
Solo en España
Como puede comprobarse, solo en España se estudia en lenguas minoritarias, se utilizan en las instituciones y medios públicos y son el idioma de los procedimientos administrativos y judiciales. En ninguno de los países de nuestro entorno europeo se plantea un porcentaje de asignaturas en lengua minoritaria. Perea Unceta nació en Marruecos, donde es cooficial el amazigh o bereber, junto al árabe y al francés, que cada vez habla menos gente".
"Caso muy diferente es el de Bélgica o Suiza porque, aunque hay lenguas minoritarias, no hay mayoritaria, sino varias oficiales igualmente", subraya.
El panorama en la Europa Oriental "es un puzle muy complejo. Por poner solo un ejemplo, en Estonia y Letonia, con entre un 25% y un 30% de rusos étnicos, está prohibido el ruso en la vida pública. De hecho, hay, entre ambos países, unas 300.000 personas sin nacionalidad (con el llamado "pasaporte gris" de la UE) porque sus legislaciones exigen un examen de estonio o letón para ser nacionales, para votar, para ser funcionarios e incluso en algún caso para ejercer trabajos de cara al público (un camarero o un dependiente)".