El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y cuatro de sus hijos --Jordi, Josep, Pere y Oleguer-- han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no remita a las partes los archivos incautados en sus domicilios en el marco de las pesquisas penales hasta que ellos puedan acceder a todos los documentos y examinarlos para eliminar los datos personales, tales como vídeos o fotografías familiares e información profesional.

Así lo plasman en un recurso de reforma del 23 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, donde instan al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a reconsiderar su decisión inicial al entender que es "injusta" y "carente de la suficiente motivación".

"Expurgo incompleto"

En una providencia del pasado 16 de diciembre, Pedraz dio por concluido el expurgo documental que se hace siempre de cara al juicio para impedir que archivos con información de carácter personal sin trascendencia para la causa lleguen a manos de todas las partes y se aireen como prueba en la vista oral.

Los Pujol alegan que, debido a "dificultades técnicas" relacionadas con la plataforma digital de la Audiencia Nacional, no han podido acceder a todos los papeles que obran en el procedimiento, por lo que solo han podido filtrar los datos personales de aquellos que han podido leer, resultando en "un expurgo incompleto".

Documentos personales o profesionales

En los documentos ya revisados, según han recordado, sí hallaron "vídeos y fotografías de carácter íntimo, personal y familiar, y cartas personales o documentación profesional" que debía expulsarse de la causa, pero no se ha hecho.

Por ello, creen que en la tanda documental que no han podido ver podría darse la misma situación, puesto que no se ha hecho "ningún control" sobre la misma para "determinar si su contenido afecta o no al derecho a la intimidad o al derecho a la defensa" de los Pujol.

Piden que les devuelvan los discos duros

Con todo, solicitan al instructor que no dé por concluido el expurgo, aprovechando para reiterar "una vez más" su petición de que les devuelva los discos duros incautados o, al menos, una copia de los mismos.

Los Pujol han venido quejándose de que el juzgado no les ha entregado los discos duros originales ni les ha dado una copia de los mismos, a pesar de que lo reclaman desde hace años.

"Caja fuerte" del juzgado

En 2018, el instructor permitió retornar los dispositivos informáticos incautados, "con la única excepción de los discos duros", que ordenó guardar en la "caja fuerte" del juzgado.

Además, los Pujol plantean en su recurso que, si Pedraz les deniega estas dos peticiones, al menos autorice que se lleve a cabo el "expurgo parcial" de los documentos ya analizados.

Presunta organización criminal

Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente catalán y sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola-- por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el antiguo president, 29 para su hijo mayor y 14 para Josep por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás --Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta--, reclama una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En su escrito de defensa, Jordi Pujol solicitó su libre absolución insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo.

Este depósito familiar, según señala el clan en sus distintos escritos, estuvo gestionado por Jordi Pujol Ferrusola, el cual sostiene que nunca se nutrió de "ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones".

De acuerdo con el relato de los Pujol, los 140 millones de pesetas en dólares que dejó el abuelo al morir "se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación", lo que supuso que cuando el hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta lo 500 millones de pesetas. Los intereses siguieron engordando el depósito de modo que cada uno de los ocho destinatarios --la madre y los siete hijos-- recibió 126 millones de pesetas cuando se liquidó.