Más de 200 abogados han firmado un documento en el que expresan su rechazo al comunicado de la sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) aprobado el pasado 20 de diciembre, en que se critica duramente al Govern por negarse a cumplir las sentencias judiciales que flexibilizan la inmersión lingüística e ignorar el acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar (Barcelona). La junta de gobierno del ICAB se desmarcó de ese posicionamiento, pero los firmantes del nuevo escrito --entre los que se encuentran Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso-Cuevillas y Jordi Pina, defensores de los dirigentes investigados por el referéndum del 1-O-- consideran que no es suficiente.
En este sentido, expresan su "profundo rechazo a un comunicado estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas que tanto han ayudado a vaciar de contenido las palabras Constitución y constitucionalista que dicen defender": "Como juristas, nos sorprende ya no tanto la utilización de los comunicados del ICAB para transmitir opiniones políticas --ya que no es la primera vez-- como la falta de contenido jurídico del mismo y, sobre todo, la ruptura del principio básico de respeto a la presunción de inocencia".
Maria Eugènia Gay / PABLO MIRANZO (CG)
Confusión
"El efecto de cualquier comunicado de una sección del ICAB en prensa --añaden-- es la confusión de la parte por el todo, y el hecho de que la junta del ICAB no haya emitido, en estos momentos, ningún comunicado rechazándolo, contribuye a ello. De este modo, el comunicado de la sección de Derecho Constitucional se convierte en un comunicado político amparado por el ICAB. Pedimos respeto a los principios rectores de nuestra profesión y, por tanto, el rechazo inmediato del tono y contenido del mismo por la junta del ICAB y la decana", Eugènia Gay.
La citada sección expresó su "profunda preocupación" ante los hechos relacionados con la escuela de Canet, así como la negativa del Govern a cumplir las sentencias, porque, a su juicio, "afectan no solo a la esencia misma del Estado de derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de ley orgánica".
"Extrema gravedad"
"Esta sección de Derecho Constitucional entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido".