La Fiscalía de Cataluña se ha posicionado en contra del toque de queda que plantea el Govern. Así lo ha comunicado a la sala especial del Covid del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que delibera sobre las nuevas restricciones anunciadas por el Ejecutivo independentista. Las restricciones anunciadas el lunes. Entre ellas, se incluye prohibir la movilidad de la 1 a las seis de la madrugada en los municipios de más de 10.000 habitantes cuando la incidencia a siete días supere los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Este límite primero se había fijado más alto, aunque luego se endureció. Con los datos epidemiológicos actuales, se aplicaría a 126 municipios catalanes.
El Ministerio Público no está de acuerdo en limitar un derecho fundamental básico a la vista del informe presentado por la Generalitat. También ha comunicado a los magistrados sus reticencias en fijar en 10 personas el límite de las reuniones tanto en espacios públicos como en las viviendas privadas.
Sin justificación
El principal problema es, de nuevo, por la exposición de motivos que ha expuesto la Generalitat al TSJC para recabar derechos fundamentales ciudadanos. No es la primera ocasión en que la falta de justificación de las medidas para hacer frente a oleadas de Covid del Govern se rechazan en los tribunales por su falta de justificación.
El informe de Fiscalía indica que se trata de "medidas intensas, restrictivas y generalizadas, que no han sido debidamente motivadas ni son idóneas y necesarias", especialmente cuando se aborda una cuestión de "intimidad familiar" como restringir el número de personas que entran en un inmueble. Se trata de restricciones drásticas que necesitan estar "debidamente motivadas". Más, desde que el Tribunal Constitucional tumbó los dos Estados de Alarma que se aprobaron en el momento más duro de la pandemia por, precisamente, los problemas en cómo se aprobaron medidas que limitan derechos ciudadanos universales y su justificación legal.
Cataluña, sola en sus restricciones
Ahora, la Fiscalía de Cataluña recrimina al Govern las "incongruencias" que existen en los documentos e informes que han aportado ante el TSJC para que valide su plan para hacer frente a la sexta ola de coronavirus. Afea que no se puede recabar un derecho fundamental ciudadano con una simple recopilación de datos epidemiológicos y la previsión de expertos. De hecho, el gobierno catalán ni siquiera ha incluído a su comunicación a los magistrados una lista de los municipios en los que se quiere aplicar el toque de queda desde esta misma medianoche.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, pide una "Constitución catalana" / Isaac Buj (EP)
Cabe recordar que el gobierno catalán es el único que ha aplicado estas iniciativas tan restrictivas en el territorio a las puertas de Navidad. Las medidas han generado un profundo rechazo entre la restauración y el ocio por el impacto económico de su anuncio, que ha ido seguido de un alud de cancelaciones que impactan, de nuevo, en las cuentas de los negocios que más han sufrido por la pandemia. El Ejecutivo de Pere Aragonès ha anunciado ayudas, pero ha dejado claro que no podrá repartirlas si no recibe nuevas aportaciones del Estado para este fin. En cuanto al Gobierno de Pedro Sànchez, se ha limitado a anunciar que se deberá llevar de nuevo las mascarilla en la calle para frenar los contagios.
La sala especial del Covid que se creó en el TSJC anunciará a lo largo de la jornada su decisión. Con todo, la posición de la Fisacalía supone un golpe al Govern. ERC y JxCat tienen menos posibilidades de poder aplicar todas las restricciones pretendidas antes de la celebración de la Navidad.