La Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha criticado duramente al Govern por negarse a cumplir las sentencias judiciales que flexibilizan la inmersión e ignorar el acoso a un niño de cinco años en Canet de Mar (Barcelona). Una posición de la que, según explican portavoz del Colegio, se desmarca la Junta de Gobierno.
Tras una reunión mantenida el día 20, la Sección recuerda que "en fecha reciente, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 en un proceso en el que, después de que la Generalitat defendiera su posición en la forma que creyó oportuna, declaró la obligación de la misma de garantizar que todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña reciban la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en ningún caso. Dicha sentencia por tanto ha devenido firme".
"Sin mencionar lo ocurrido con un niño"
Denuncian que "la reacción de las autoridades de la Generalitat, en concreto de su presidente y del consejero de Educación, ha sido la de negarse públicamente a dar cumplimiento a la referida sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 y dar apoyo, además, al equipo directivo de la escuela de Canet de Mar en el asunto de todos conocido que afecta al mismo tema, sin mencionar para nada lo ocurrido con un niño de cinco años al que, en las redes sociales, se proponía aislar en su clase y apedrear su casa".
"Esta Sección de Derecho Constitucional entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido".
Por todo ello, esta Sección "se ve en la obligación de hacer pública su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica".