Los institutos de Sarrià de Ter, Celrà y el Salvador Espriu de Salt, situados en comarcas de Girona, no cumplirán el mínimo de 25% de clases en lengua castellana que ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y que avala el Tribunal Supremo con su rechazo al recurso de casación presentado por la Generalitat, que insiste en su propósito de imponer el monolingüismo en catalán obligatorio en su sistema educativo.
El claustro y consejo escolar de los centros educativos han aprobado y suscrito un manifiesto, al que ha tenido acceso Efe, en el que afirman que mantendrán "íntegros" sus respectivos proyectos lingüísticos "de acuerdo con la normativa vigente y en consonancia con el posicionamiento del Departamento de Educación" del Ejecutivo secesionista catalán.
"Indignación y rechazo"
Asimismo, muestran su "indignación y rechazo a que un tribunal de justicia se posicione sobre un asunto" que consideran "estrictamente pedagógico". Estos institutos consideran que el catalán "es y debe ser lengua vehicular en los centros de Cataluña porque es la lengua propia" y porque, de las dos lenguas oficiales "es la que se encuentra minorizada por causas históricas, geográficas, demográficas y sociológicas".
Debido a esta "minorización", defienden sus postulados nacionalistas apuntando que el instituto, "como centro encargado de transmitir la cultura, debe dar al catalán el papel preeminente que le corresponde a fin de contribuir a su conocimiento, a su uso y, también, a su pervivencia", añade el texto.
Asimismo, sostienen que la aprobación del proyecto lingüístico del instituto "es una potestad del consejo escolar" --si bien las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento para toda la ciudadanía-- y que "deja bien claros los usos de cada una de las cuatro lenguas que se utilizan en el centro y el carácter de complementación que tiene el aprendizaje y el manejo de varios idiomas a la vez".
Iniciativa impulsada por un excargo convergente
A pesar de su rechazo al 25% de clases en castellano en una autonomía bilingüe como Cataluña, los firmantes dicen que todas las lenguas "son objeto de respeto y que su conocimiento siempre será positivo y constituye un activo en favor del individuo que las aprende".
La iniciativa surgió del instituto de Sarrià de Ter, cuyo director, Albert Bayot, fue nombrado director de los servicios territoriales de la Consejería de Educación en Girona en 2011, con la convergente Irene Rigau (CiU) como consellera de Educación y siendo Artur Mas presidente de la Generalitat.