La Plataforma Pública del Agua de Granollers ha fracasado en su intento de promover un referéndum para forzar el cambio en el modelo de gestión del agua en la localidad. La entidad necesitaba recoger 6.768 firmas en tres meses para sacar adelante la consulta ciudadana. A pocos días para que venza el plazo, solo se ha hecho con la firma de 1.467 ciudadanos en el manifiesto que se debía elevar al consistorio liderado por Josep Mayoral (PSC).
Esta pasividad de los habitantes de Granollers avala las tesis de las entidades y asociaciones de la ciudad que se han mostrado críticos con las pretensiones de la plataforma. Tildan de "fracaso" el proceso y señalan que buena parte de la población avala la calidad del servicio actual. No consideran que esto sea uno de los problemas a los que debe hacer frente el Ejecutivo socialista, a pesar de las presiones de estas organizaciones vinculadas al espacio de los comunes, el partido de Ada Colau, a favor de la llamada remunicipalización del agua.
Concesión prorrogada
El pleno municipal prorrogó la gestión del servicio de agua a Sociedad General de Aguas de Barcelona seis meses, hasta abril de 2022, tras el vencimiento del contrato para la prestación del servicio el pasado 27 de octubre. Ya en mayo se abrió el debate si era pertinente convocar un nuevo concurso público o avanzar hacia otras alternativas.
Esto es lo que analiza una comisión de estudio con miembros del equipo de Gobierno, toda la oposición, técnicos y representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la localidad. Todos ellos evalúan la idoneidad de cambiar o no el modelo de gestión que ha imperado hasta la fecha.
La mesa tiene el reto de valorar desde el punto de vista económico, social, técnico, ambiental y jurídico si es viable cambiar el modelo de gestión que ha imperado hasta la fecha. Es decir, si esta modificación implicaría, en la práctica, mejores reales en la calidad tanto del agua como del servicio que se ofrece en Granollers. Incluidas las inversiones que debería acometer el consistorio para garantizar el estado de la llamada red en baja. Tienen tiempo hasta abril para presentar sus conclusiones.