ERC, bajo sospecha por sus acuerdos con el Gobierno español, ha encontrado la forma de demostrar a sus socios de Junts per Catalunya (JxCat) sus credenciales soberanistas. Lo hace a través de la Consejería de Educación, en manos de los republicanos y dirigida en este mandato por Josep González-Cambray, quien ha convertido la defensa de la inmersión y la desobediencia a los tribunales en seña de identidad. El escenario elegido es una escuela de Canet de Mar (Barcelona), donde padres de alumnos, asociaciones a favor del monolingüismo y el Govern han llevado su cruzada contra el castellano hasta el acoso.
Los padres de un menor de cinco años que reclamaron un 25% de horario lectivo en castellano, como reconoce la Justicia, han pedido protección, ya que el independentismo más hiperventilado propone aislar e incluso apedrear al pequeño. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que investigará los hechos.
Lejos de bajar los ánimos, Cambray utiliza al niño para dar una lección a otras familias que reclamen más horas en castellano. Y de paso, demostrar a JxCat que Esquerra puede ser tan activista o más que cualquier otro partido en un tema, el lingüístico, que ha logrado reunificar a un independentismo roto, corriendo una cortina de humo sobre cuestiones como el referéndum o la mesa de diálogo.
“Cambray utiliza a un niño de cinco años como cabeza de turco, es un aviso a navegantes dirigido a las familias”, explica a Crónica Global la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, quien recuerda que las sentencias favorables al 25% de horas lectivas en castellano ya se cumplen en otros centros “sin que nadie se enterara. Por ejemplo, en El Prat de Llobregat o en Sant Esteve de Sesrovires.
Losada representa a las familias que reclaman el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y denuncia la utilización que está haciendo el consejero de Educación sobre un asunto que, oficialmente, ya estaba zanjado, pues tanto la Generalitat como la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, cursaron la correspondiente ejecución de la resolución judicial.
"Resolución dictada por la Secretaría General"
En efecto, según el documento al que ha tenido acceso este medio, notificado el 26 de noviembre, el centro hizo una propuesta curricular en respuesta a “la resolución de 11 de noviembre, dictada por la Secretaría General (de la Consejería de Educación), por la que se me ordena el cumplimiento de la resolución judicial dictada el 14 de octubre de 2021, os informo de que el fecha 9 de diciembre de 2021 comenzarán a impartir en lengua castellana, como lengua vehicular, las franjas horarias marcadas en el horario que os adjuntamos”. A saber: 2,5 horas semanales en castellano de Rincones de juego; una hora de grafomotricidad, hora y media de Educación visual y plástica, y hora y media de psicomotricidad vivencial”.
Las instrucciones de la escuela tuvieron lugar después de que la familia afectada pidiera a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) medidas cautelares ante la resistencia del Govern a modificar el proyecto lingüístico del centro. “La escuela informó de la ejecución de la sentencia. Cambray lo sabía desde hace un mes. ¿A qué viene todo esto?”, se pregunta Losada, después de que el consejero visitara ayer la escuela de Canet con la finalidad de defender la inmersión.
Apedrear la casa del niño
¿Pero cómo está la familia del menor al que el independentismo más radical propone hacer el vacío --como pide el mosso Albert Donaire-- o incluso apedrear su casa --el exprofesor de la UAB Jaume Fàbregas? “La familia no se puede creer la reacción fuera de sí de toda esta gente. ¿Apedrear? ¿Aislar a un niño? Y sin ninguna reacción por parte del Gobierno de España. Solo nosotros y la sociedad civil les protegen. Pero están firmes, seguros de seguir adelante. Hay otros padres del centro que les apoyan, pero tienen miedo. Su silencio no es consentimiento”, señala.
Tanto AEB como Impulso Ciudadano, entidad presidida por José Domingo, han asesorado a las 80 familias que reclaman más horas de castellano en las aulas, tal como indican las sentencias judiciales. “Yo pedí la escolarización de mi hija en una escuela situada en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat, donde hay viven muchos emigrantes. Tuve que salirme de un chat de padres porque era insoportable. Pero no hubo el boom mediático que hay en Canet, una localidad pequeña”, explica Losada.
El precedente de Balaguer
El caso de la escuela de Canet de Mar, donde pintadas a favor de la inmersión y movilizaciones de los padres en contra de aumentar las horas en castellano han ido acompañadas del señalamiento del menor afectado, recuerda al ocurrido en 2015 en Balaguer (Lleida), donde medio millar de personas, convocadas por la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del Colegio Público Gaspar de Portolà, de Balaguer (Lérida), se manifestó a las puertas de la escuela para exigir el desacato a una sentencia del TSJC que ordenaba impartir un 25% de las asignaturas en castellano en P5 y en segundo de Primaria.
En aquella ocasión, la familia tiró la toalla y cambió de centro. A raíz de ello, el Síndic de Greuges instó a la Consejería de Enseñanza a aprobar un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias soliciten la educación bilingüe. Nunca más se supo.