La juez que investiga el presunto desvío de subvenciones en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en que están imputados la alcaldesa, Núria Marín, y el exsecretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, ha citado como investigada a la interventora municipal.

En una resolución, la titular del juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet cita como investigados el próximo viernes a la interventora municipal, María P.S.A., a la jefa de servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento, Laura F.M., a la técnica superior de Deportes del consistorio y a miembros de la directiva del Consell Esportiu, una entidad privada que se nutre parcialmente de fondos públicos.

La alcaldesa, imputada

La investigación se destapó a raíz de la denuncia de un concejal del PSC, Jaume Graells, que en su declaración como testigo ante la juez acusó a la alcaldesa --que también es presidenta de la Diputación de Barcelona-- de inacción a la hora de tomar medidas ante las supuestas irregularidades y criticó que tardara un mes en encargar una auditoría para analizarlas.

Sin embargo, Marín, que compareció como investigada ante la juez el pasado 9 de abril, negó que fuera pasiva ante la denuncia de desvío de fondos. Asimismo, alegó que activó de forma inmediata una auditoría para aclararla. Según la alcaldesa, imputada por omisión del deber de perseguir delitos, también desde el ayuntamiento ordenó inspeccionar los expedientes de las ayudas municipales sin que se detectara irregularidad alguna.

Versión de Figueras

Por su parte, Figueras, también investigado por permitir supuestamente el desvío de las subvenciones del organismo, defendió en abril ante la juez que las ayudas se adjudicaron correctamente, tras superar los exhaustivos filtros y revisiones, y que estaban debidamente justificadas.

Además, detalló que cuando tuvieron conocimiento de que el Consell Esportiu de L'Hospitalet iniciaba una auditoría para revisar las posibles irregularidades, los técnicos del consejo también comprobaron la documentación sobre las subvenciones y acreditaron que no había ninguna anomalía.

Desfase de 400.000 euros

El proceso --abierta por los delitos de malversación, prevaricación, contra la administración pública, apropiación indebida, omisión del deber de perseguir delitos o falsificación documental-- se centra en un desfase de más de 400.000 euros entre las cuentas presentadas en la asamblea del consejo sobre el ejercicio de 2019 y las entregadas posteriormente ante la secretaría del Deporte de la Generalitat.

El informe contable presentado ante la Secretaría del Deporte consta aprobado en una asamblea de socios de la entidad que supuestamente no llegó a celebrarse, por lo que las actas habrían sido falsificadas. Aunque las defensas niegan que el propósito fuera ocultar una malversación de subvenciones públicas. La juez ha acordado también volver a citar como investigados a Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, en su caso el próximo 20 de diciembre, a raíz de los nuevos indicios hallados en la causa.