Pere Aragonès, president de la Generalitat, se ha reafirmado en su decisión de no asistir jurídicamente a los Mossos d’Esquadra en aquellos casos en los que no se den lesiones a los agentes o no se pueda identificar a los presuntos autores de las mismas.
Lo ha comunicado durante la sesión de control al presidente del Govern celebrada este miércoles como réplica al líder de la oposición, Salvador Illa, que ha recriminado que la Generalitat se retirara como defensa de 12 agentes de la policía autonómica la semana pasada.
Illa, “avergonzado”
Illa ha recordado que los agentes afectados forman parte del cuerpo de funcionarios de la Generalitat, compuesto por 200.000 trabajadores públicos. Por consiguiente, igual que si alguno de ellos actúa de forma indebida la Generalitat debe exigirle responsabilidades, en aquellos casos en los que necesiten el respaldo de la Administración deben ser amparados por la misma.
“Me avergüenzo como ciudadano de Cataluña”, ha estallado el jefe de la oposición, que ha instado al presidente a que cese al responsable de esta decisión y a que restablezca la defensa jurídica a los 12 mossos.
“Defensas siempre”
Aragonès ha hecho caso omiso y se ha reafirmado en su decisión asegurando que la Generalitat “no ha dejado desamparado a ningún agente”. Además, ha acusado a Illa de utilizar a la policía autonómica como "arma arrojadiza".
"Defensas siempre, acusaciones sin identificar a determinadas personas, cuando no hay lesiones a agentes de la autoridad tienen que quedar en otro lugar", ha zanjado su intervención Aragonès.
Las presiones de la CUP
La respuesta de Aragonès contrasta con lo denunciado desde USPAC. Según Albert Palacios, portavoz de este sindicato, el abogado de la Generalitat solicitó a los agentes afectados pocos días antes de la celebración de la vista que no identificaran a sus agresores durante el juicio, “actuando más bien como abogado defensor de los acusados que como acusación particular”.
La espantada de la Generalitat el mismo día del juicio, “dejando a los mossos indefensos y escenificando un show esperpéntico” motivó la suspensión del mismo. Esta decisión del Ejecutivo responde a las presiones de la CUP, que estableció como condición sine qua non para apoyar los presupuestos que el Ejecutivo retirara la asistencia jurídica a los Mossos en aquellas causas en las que hubiera implicados manifestantes independentistas.