Una entidad en defensa de la lengua castellana ha denunciado a Fiscalía al consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray, por instar a los profesores a desobedecer el auto del Tribunal Supremo que fija definitivamente el porcentaje del 25% de clases en español en las escuelas públicas de Cataluña.

Hablamos Español ha alertado al ministerio público de que Cambray podría haber cometido un posible delito de prevaricación al enviar una circular a los maestros a hacer caso omiso de la resolución del alto tribunal que establece el número mínimo de materias a impartir en lengua castellana en los colegios de la región. 

Una circular instando a desacatar

Lo dijo Cambray en una circular enviada a los docentes tras darse a conocer el auto del Tribunal Supremo que confirma una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que confirma una cuota mínima del 25% de clases en catalán. 

En el mensaje oficial del conseller, que se remitió por correo electrónico, el mando republicano enumeraba diversas "aberraciones pedagógicas" y calificaba la inmersión lingüística de sistema "igualitario" para los alumnos, que terminaban sus estuidos "sabiendo castellano y catalán". De hecho, el correo concluía con la frase La escuela en Cataluña, en catalán, un eslógan nacionalista. 

"Que el fallo no se acate"

La entidad en defensa de la lengua común ve en la circular una "esperpéntica justificación de un modelo aberrante". Hablamos Español subraya que Cambray, el máximo "responsable de la Administración educativa catalana" dio instrucciones para que el auto judicial logrado por la Abogacía del Estado "no se acate". 

Ello quebranta la "lealtad institucional", un principio que fundamenta el Estado de Derecho, así como la "división de poderes" que rige "todo el edificio constitucional". 

"Voluntad de abolir el Estado de Derecho"

Cree el denunciante que el mensaje de Cambray a los profesores constituye "la voluntad inequívoca y arbitraria de abolir ese Estado de Derecho en lo que se refiere al derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña". 

Ese intento "violenta los derechos constitucionales de los ciudadanos", recogido en la Constitución. La carta magna, recuerda la entidad, insta a que toda sentencia firme sea cumplida "en sus propios términos". 

Cambray dijo que no se cumplirá

Prospere o no el escrito a Fiscalía, el consejero de Educación ya dejó claro que su equipo no pensaba cumplir la sentencia que pija el porcentaje de clases en la lengua común. Josep González Cambray aseguró que no cambiará los proyectos lingüísticos en las escuelas, que son, casi en su totalidad, solo en catalán. 

Como explicó este medio, el auto del Tribunal Supremo es el primero de diversas acciones legales de padres y madres de escolares que desean recibir un porcentaje mínimo de asignaturas en castellano, y no todas las materias en catalán.