Los llamamientos a desobedecer las sentencias que tumban la inmersión lingüística obligatoria monolingüe en catalán hechos por el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, no son compartidos por algunos de sus antecesores en el cargo. Es el caso de Irene Rigau. La máxima responsable en la materia durante el mandato de Artur Mas ha salido al paso de estas soflamas al apuntar que las sentencias que fijan impartir al menos un 25% de las clases en castellano se tienen que "asumir" y "hacer una regulación".
"La Generalitat tendría que regular, no decir no cumpliremos", ha manifestado en una entrevista al programa Aquí Cuní de la Cadena SER, en la que ha abogado por dejar atrás la "retórica" y buscar el consenso y una respuesta "propositiva". Incluyendo en el mismo al PSC.
"Inseguridad jurídica"
"Tenemos que volver a hacer una lectura de lo que dice la ley vigente, asumir lo que salió, lo hayas votado o no, y hacer una regulación", considera Rigau. Y es que, a su juicio, desoír las sentencias es provocar una situación de "inseguridad jurídica" a los centros educativos.
La exconsellera ha recordado que, durante su mandato, ya se produjo un goteo de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que daban la razón a las peticiones de varias familias para que sus hijos fueran escolarizados también en castellano. Y cree que, si en casos individuales se acataban y cumplían, "ahora que afecta a todo el sistema, ¿qué haremos?".
Rigau, asimismo, duda de los datos alarmistas difundidos por la Generalitat y algunas entidades secesionistas afines sobre el supuesto retroceso del catalán, en este caso en las aulas. Así, ha señalado que "se tendrían que poner todos los datos sobre la mesa" y que "una cosa es impartir la materia y otra dirigirte al alumnado".