Los jueces recuerdan a la Generalitat que las sentencias son de "obligado cumplimiento"

Las apelaciones a la desobediencia desde la Generalitat para que las escuelas catalanas incumplan las sentencias judiciales que fijan que al menos un 25% de las clases sean en castellano no son de recibo. Así lo han aclarado este miércoles diversas asociaciones judiciales, que advierten al Govern secesionista de que las resoluciones de los tribunales son de "obligado cumplimiento para todos" por igual.

Esta observación viene al hilo de la falta de acatamiento que esgrime desde el Poder Ejecutivo el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), quien ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien sus proyectos lingüísticos monolingües en catalán: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora", le ha dicho el mandatario del Govern secesionista a la comunidad educativa.

La misiva ha sido remitida después de que este martes el Supremo desestimara el recurso de la Generalitat contra la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que dictaminó que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano en la comunidad autónoma.

Los políticos también deben cumplir sentencias

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que todo el mundo está obligado "a cumplir las sentencias", incluidos "los poderes públicos y políticos".

Preguntada sobre si la actuación del conseller podría suponer o no una vulneración de la ley, la juez ha explicado que "para incurrir en un delito de desobediencia tiene que haber un requerimiento expreso del tribunal para que se cumpla" la sentencia y tiene que haberse "constatado" ese "incumplimiento reiterado".

El tribunal debe ejecutar la resolución

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado que "depende de las circunstancias del caso". Ha recordado, sin embargo, que "si se recibe el mandato judicial de cumplir algo, quien voluntariamente lo incumple puede cometer un delito". Según ha precisado, para que se considere así "tiene que haberse pedido expresamente la ejecución de la decisión judicial".

"Lo que está claro, con independencia de que haya un delito o no, es que las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento para todos, también para los gobiernos", ha añadido.

"No podemos convivir si no se respetan las leyes democráticas"

"No podemos convivir pacíficamente entre nosotros si no respetamos las leyes democráticas", afirma Fernández, subrayando que quienes hacen que las leyes se respeten son los tribunales de justicia.

Por su parte, la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha insistido en que "todo hay que ponerlo en contexto" y ha recordado que hasta ahora "simplemente son manifestaciones" que "a lo mejor luego no se llevan a cabo". "Si se demostrase a lo largo del tiempo que esa sentencia no se ha ejecutado se tomarán las medidas oportunas", ha señalado.

En caso de incumplimiento, se avisa al tribunal

Así, Martín ha explicado que "si le requieren al consejero de Educación para que cumpla de inmediato la sentencia y no la ejecutase, ya se verían las consecuencias". Según ha señalado, "se necesita que se le requiera para que se pueda producir una sanción administrativa o un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial".

Al hilo, ha precisado que ello "requiere un proceso": que le notifiquen la sentencia, que le requieran y que se acredite que dicha resolución no se cumple. "Hay que ver qué es lo que pasa. No podemos adelantarnos a los acontecimientos", ha indicado.

Con todo, en caso de que alguien se considere afectado porque sienta que no se dan las horas de castellano previstas en la sentencia, puede poner en conocimiento del tribunal que la resolución no se está aplicando. A partir de ahí, la justicia haría las evaluaciones pertinentes.