El diputado de la CUP Pau Juvillà ha defendido este lunes la "desobediencia" como forma de lucha por la libertad de expresión. Lo ha hecho a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) minutos antes de que se iniciara el juicio contra él por haberse negado a quitar un lazo amarillo del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral del 2019. La fiscalía solicita para él ocho meses de inhabilitación y multa de 1.440 euros.
El lazo amarillo estaba colgado dentro de las dependencias de la CUP en el consistorio leridano, pero el símbolo se veía desde el exterior, por lo que la Junta Electoral le exigió su retirada para mantener la neutralidad política de las instituciones al menos durante la campaña electoral. Juvillà se negó porque quería "defender el derecho a la libertad de expresión ante una situación --a su juicio-- manifiestamente injusta", en relación a los presos del procés --ahora indultados--.
Represión y libertad de expresión, tópicos 'indepes'
En sus palabras, lo que quería la Junta Electoral con la petición de retirar los símbolos partidistas de las instituciones era "invisibilizar la protesta contra la represión del Estado contra el independentismo". "Es justo --ha afirmado-- que se denuncie a la monarquía corrupta cantando, como lo es que en el Parlament se pueda hablar absolutamente de todo, o defender la libertad de expresión, pero el Estado español considera que aquello que es justo es delito, y por eso hay más de 3.000 represaliados que dan fe de ello".
El diputado anticapitalista, que es también el secretario tercero de la actual Mesa del Parlament, ha tenido palabras de agradecimiento hacia ERC, Junts, Òmnium y la ANC, que esta mañana han enviado a sus representantes al acto que ha organizado la CUP frente al edificio del TSJC. En este escenario, la exdiputada cupaire Gabriela Serra ha definido a Juvillà "un revolucionario", algo que, a su parecer, molesta a un Estado en el que "la justicia brilla por su ausencia".
Vergés: "Persecución"
Entre quienes han acudido a arropar a Juvillà se encontraba la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), quien le ha expresado su apoyo y ha reclamado que se respete "el derecho a poder hacer política manteniendo a los representantes" escogidos por la ciudadanía. Acto seguido, ha pedido respetar la libertad de expresión y derechos "que deberían ser fundamentales y que el Estado español se empeña en perseguir".
Tampoco ha faltado la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés (ERC), quien ha criticado el juicio "injusto" y se ha referido a este caso como una "persecución judicial", un intento, según ella, "de silenciar la libertad de expresión y de buscar la justicia en un tiempo que es convulso". Según ella, la solidaridad es "una parte de la lucha antirrepresiva".
Cuixart: "Represión"
Por último, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha apelado este lunes a la unión del independentismo para "vencer a la represión" y dar apoyo a Juvillà. Ha asegurado que lo que molesta al Estado no son los lazos amarillos, sino que "quiere demostrar que tiene poder, cuando en realidad no lo tiene". "No podemos ir a los tribunales a defendernos, sino acusar al Estado. Estamos ejerciendo nuestros derechos fundamentales y le debeoms obligar a hablar de cuestiones de fondo", ha defendido.