Cargos electos y altos mandos de Junts han salido hoy en defensa del expresidente catalán Jordi Pujol, que está imputado en el caso de corrupción homónimo. Representantes públicos como el diputado Joan Canadell o Joan Maria Piqué, director de Análisis de Acción Exterior, han abonado la tesis de que el ex jefe del Ejecutivo regional fue "decisivo" para Cataluña.
Lo han hecho en las redes sociales, donde los cargos del partido del expresident prófugo Carles Puigdemont han compartido un artículo de Vilaweb titulado Proscribir el presidente Pujol, que loa la figura del expresident, que esta semana interrumpió un acto sobre la financiación autonómica para abroncar a los presentes asegurando que su gabinete sí pidió el concierto económico para la región, sin éxito.
"No dejarlo en manos de 'los españoles'"
Tras la reaparición del exdirigente de CiU, que ahora tiene 91 años, cargos electos de Junts y mandos del partido neoconvergente han salido en su defensa difundiendo la reseña. En la misma, se asegura que "la narrativa" de Jordi Pujol "no puede dejarse en manos de los españoles".
La pieza compartida por Canadell y Piqué, además de Alfons Canela, líder de Junts en Mataró, agrega que Pujol habría "sido decisivo para Cataluña". La autonomía es "aún un molde al que él dio forma". Se emplaza a "utilizar ese molde si se quiere crear uno nuevo", por medio de recoger su "legado político".
Imputado y a juicio
Cabe recordar que el expresidente catalán es uno de los imputados en el caso Pujol, que instruye Santiago Pedraz, juez titular de la sala de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El que fuera líder del Ejecutivo regional se enfrenta a cargos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental, siete delitos contra la Hacienda pública y un tipo penal de frustración de la ejecución. En la diana está el dinero guardado en Andorra y que no se declaró al fisco nacional.
Junto a Pujol se sentarán en el banquillo en condición de investigados sus siete hijos y once personas más, aunque no su esposa, Marta Ferrusola, exonerada por su débil condición de salud. La acusación, representada por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y Grand Tibidado SA, pide hasta 29 años de cárcel para los acusados.