El fiscal pide 14 años de inhabilitación para un alcalde de JxCat por prevaricar

La Fiscalía pide 14 años de inhabilitación para el alcalde de la localidad barcelonesa de Santa Susanna, Joan Campolier (JxCat), acusado de prevaricación por haber prorrogado ilegalmente el servicio de transporte del municipio y negarse de forma "contumaz, torticera, deliberada y reiterada" a regularizarlo.

El juicio contra Campolier, que ya fue condenado a 4 años de inhabilitación en 2004 y enfrenta otras causas abiertas por su gestión municipal, se ha celebrado este miércoles en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, donde el ministerio público le imputa un delito continuado de prevaricación urbanística con agravante de reincidencia.

Transporte urbano, escolar y tren turístico

Los hechos por los que responde hoy se remontan a 2013, cuando venció la última prórroga de la licencia administrativa concedida a la empresa Trenes Turísticos Santa Susanna S.L., que se encargaba desde 2008 del servicio de transporte urbano, escolar y del tren turístico en la localidad.

Hasta entonces, tal y como ha explicado Campolier --que recuperó en 2011 la alcaldía que había ostentado entre 1976 y 2007--, la licencia se renovaba anualmente mediante votación en el pleno sin necesidad de concurso público, puesto que la compañía era la única peticionaria del servicio.

Denuncia por acoso laboral

Sin embargo, en 2013 otra empresa manifestó su interés en el servicio, lo que llevó al entonces secretario municipal --que acabó denunciando al alcalde por acoso laboral, dando pie a otra causa paralela pendiente de sentencia-- a advertir de la necesidad de convocar una licitación.

"El problema llegó cuando el secretario se negó rotundamente a dar la licencia", ha asegurado Campolier, quien ha subrayado que el funcionario "nunca le advirtió de que debía suspender el servicio", pese al "riesgo" que comportaba para el ayuntamiento.

Campolier ha insinuado que el secretario se habría negado a aprobar la licitación por "interés" con la otra empresa solicitante y ha negado que sus actuaciones estuvieran encaminadas a "beneficiar o perjudicar" a alguna compañía.

"No tenía ningún interés personal ni político", ha asegurado tras explicar que la situación económica del consistorio era entonces crítica, por lo que, "con tantos problemas", ese "era el que menos importaba".

Concesión por decreto

Durante ese período, el secretario cogió la baja y fue sustituido por otro funcionario, que acordó conceder la licencia a Trenes Turísticos Santa Susanna S.L. mediante decreto de alcaldía --sin pasar por el pleno-- bajo condición de que ésta perdiera validez si la compañía perdía la licitación cuando saliera a concurso.

El secretario, que ha declarado como testigo, ha señalado que, al regresar de la baja, se apresuró a elaborar un informe denunciando la irregularidad de la concesión, "que no se ajustaba a derecho", e instando a la realización de un concurso porque "no se puede cercenar el derecho de participación política de los concejales con excusas administrativas".

"Abuso de sus funciones"

Ha aseverado también que en varias ocasiones puso las irregularidades de la situación en conocimiento del alcalde, a quien ha acusado de comportarse "de manera autoritaria y despótica" y de desoír sus recomendaciones.

Por todo ello, la Fiscalía acusa a Campolier de ser "perfectamente conocedor de esta irregular situación" y de "consentirla" hasta, al menos, el año 2018 "con abuso de las funciones de su cargo de alcalde y a sabiendas de la ilegalidad de su conducta".

"El acusado, siendo conocedor tanto de la caducidad de la licencia como de la necesidad de convocar concurso público, con abuso de las funciones propias de su cargo, de forma deliberada y a sabiendas de su injusticia, hizo caso omiso a las indicaciones del secretario municipal, y mantuvo en la empresa Trenes Turísticos Santa Susanna S.L. la prestación de los servicios de transporte urbano del municipio, de forma totalmente irregular", señala la fiscalía.

"Negativa contumaz, torticera, deliberada y reiterada"

El ministerio público considera que Campolier persistió en la "negativa contumaz, torticera, deliberada y reiterada" a realizar un concurso público y concedió la licitación mediante decreto de alcaldía "a sabiendas de los efectos contrarios a derecho que comportaría".

Paralelamente, el alcalde está pendiente de sentencia en la Audiencia de Barcelona por acoso laboral y prevaricación administrativa contra el mismo secretario municipal, en una causa en la que el ministerio público pide dos años de prisión y 15 años de inhabilitación para cargo público al considerar que perpetró una serie de acciones para que el funcionario "abandonara" su cargo.

Además, la Fiscalía también se querelló contra él por haber adjudicado presuntamente a dedo el servicio de recogida de basuras a una empresa a la que también trató de beneficiar con una recalificación urbanística.