El independentismo ha aprovechado los actos de conmemoración del 81 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, para equiparar la trágica muerte con el proceso que sigue el Tribunal de Cuentas para reclamar 5,4 millones a 34 ex altos cargos del Gobierno catalán por el frente exterior del procés en Cataluña. 

Uno de los que ha abonado esta tesis ha sido el propio presidente catalán, Pere Aragonès, quien ha alertado de que la actuación del TC es la "última muestra" de los "ataques" contra las instituciones catalanas. "Se ataca el patrimonio de decenas de personas por haber sido responsables políticos en la misma institución que Companys: la Generalitat de Cataluña", ha dicho el jefe de Gobierno autonómico. 

Borràs: "La persecución a Companys sigue viva"

Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha dicho desde el foso del Castillo de Montjuïc, donde fue fusilado Companys, que "la persecución política que sufrió sigue bien viva". Bajo su punto de vista, la no aceptación de los avales de los 34 encausados por parte del Tribunal de Cuentas es una muestra de ello. 

"Si con el asesinato de Lluís Companys, España se adentraba en la negra noche del fascismo y la dictadura, con estos hechos España persevera en no querer ser un Estado de pleno derecho", ha agregado Borràs a renglón seguido. 

Romeva: "Como en 1940"

Antes, el exconsejero de Exteriores de la Generalitat y dirigente de ERC, Raül Romeva, ha asegurado que "si hubiéramos estado en el año 40, hace dos años nos hubieran condenado a muerte", en referencia a los encausados judicialmente y por el TC por su papel en el desafío independentista. 

"Hoy hay más de 3.000 personas represaliadas que siguen sufriendo inclemencias de un Estado que, es cierto, hoy no fusila, pero persigue hasta la saciedad para desmovilizar a la gente que simplemente pide ejercer el derecho a voto", ha añadido. 

Giró: "Venganza"

Desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, el consejero de Economía, Jaume Giró, ha visto "una venganza" y un "escándalo" que el Tribunal de Cuentas no acepte los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para las fianzas de los 5,4 millones. 

Según él, se "arruina la vida a servidores públicos" desde un "órgano político", algo que, en su opinión, "es un escándalo que ocurra en un país democrático".