El Parlament ha puesto la lupa sobre la gestión del Govern que, a su vez, dribló e intentó situar como eje del debate el caos de Rodalies y, de paso, exigir el traspaso total de esa competencia. El Gobierno español se resiste a azuzar la polémica. Pero el conflicto entre ambas administraciones, que ahora se ciñe al terreno político, está abocado a terminar en los tribunales. El Ejecutivo catalán tiene una deuda con Renfe de más de 80 millones de euros por el incremento de servicios adicionales cuyo coste ha asumido el operador ferroviario desde 2010, año en el que se transfirió la gestión.
“¿Dónde está la ministra de Transportes?”, preguntaba Pere Aragonès. Se refiere a Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, quien en los últimos días ha evitado responder las críticas del Govern. No obstante, Sánchez ha exigido a los maquinistas de Renfe que cumplan con los servicios mínimos decretados durante los días de la huelga, que arrancó el pasado jueves y concluirá el próximo martes 12 de octubre, en pleno puente de El Pilar. Ha pedido disculpas a los usuarios por la situación, que se ha saldado con más de 1.700 trenes cancelados, en su mayoría Rodalies de Cataluña, y Cercanías de Valencia y Madrid.
Servicios mínimos inferiores
Tal como recordó ayer el diputado del PSC-Units, Jordi Terrades, los servicios mínimos son acordados entre el Ministerio y la Generalitat. “¿Por qué en Ferrocarrils (FGC) les fijan unos servicios mínimos que prácticamente es la totalidad del servicio, y cuando la huelga pasa a Renfe ustedes dictan unos servicios mínimos inferiores?”, preguntó el socialista.
Recordó, asimismo, que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Cataluña es la que debe acordar el procedimiento definitivo para transferir recursos a la Generalitat para gestionar Rodalies.
El presidente de Renfe, Isaías Táboas; la expresidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, y el presidente del Círculo de Infraestructuras, Pere Macías / EUROPA PRESS
En este sentido, explican fuentes gubernamentales, está pendiente la firma del contrato programa entre la Generalitat y Renfe. De este documento dependen temas tan importantes como la declaración de Obligaciones de Servicio Público o ampliar el encargo de fabricación que Renfe hizo a Alstom para incluir 76 trenes nuevos para las Rodalies de Barcelona.
La renovación del contrato programa de servicios es uno de los temas que deben resolver la administración catalana con el operador estatal. De hecho, el acordado en 2013 nunca se llegó a validar por el Estado.
Déficit del año base
En 2010, el Gobierno aprobó el real decreto de traspaso a la Generalitat de las funciones de la Administración Central correspondientes al servicio de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías. El Ejecutivo asumió el déficit del “año base”, pero desde entonces, la Generalitat ha acumulado una deuda con Renfe de más de 80 millones de euros por el incremento de servicios que ha asumido como operadora del servicio. La empresa pública ha reclamado en varias ocasiones estas cantidades sin éxito.
El Govern tiene unos servicios adicionales contratados respecto a los que figuran en el convenio con el Estado. Son estos servicios los que no ha pagado, lo que ha llevado a Renfe a plantear una reclamación judicial por los importes correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019, que suponen esa deuda superior a más de 80 millones de euros. La liquidación de 2020 aún no se ha cerrado, pero podría elevar la deuda en torno a los 100 millones, aproximadamente.
El departamento de Polítiques Digitals y Territorio no ha querido valorar esta reclamación a preguntas de Crónica Global.
Jordi Terrades, diputado del PSC en una imagen de archivo en el Parlament / CG
Servicio e infraestructura
La Generalitat es la titular del servicio de Rodalies, mientras que el Estado, a través de Adif, es el titular de la infraestructura por donde circulan los trenes, que están operados por Renfe. Hasta el momento, el Ministerio de Fomento transfiere directamente a Renfe las cantidades correspondientes al déficit tarifario, pero el Govern defiende que debe ser la Administración catalana quien los reciba para luego transferirlos al operador ferroviario.
En paralelo, continúa el debate político. El presidente Aragonés calificó ayer de "absolutamente inaceptable" la situación que se ha vivido en Cercanías y aseguró que el problema, que "se suma a un déficit estructural de hace muchos años" , sólo se revertirá “con un traspaso completo del servicio y financiado adecuadamente". ERC ha pedido la comparecencia en la Comisión de Políticas Digitales del Parlament del coordinador del Plan de Rodalies, Pere Macias, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas.