El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos contencioso-administrativo interpuestos por la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén contra los indultos de los seis exmandatarios de la Generalitat condenados por el procés secesionista y del presidente de su asociación afín Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Estos recursos, a los que ha tenido acceso Efe, fundamentan su petición en la negativa del Govern que presidía Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, a cumplir con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca que ordenó en 2015 la devolución de los bienes histórico artísticos del patrimonio del Monasterio de Sijena.

La Generalitat incumplió la sentencia

Destacan estos escritos que aunque la negativa fue comunicada inicialmente al juzgado por el exconseller de Cultura Santi Vila, pendiente por este motivo de un juicio penal, y ratificada más tarde por su sucesor en el cargo, Lluís Puig, fugado también de la justicia española, la decisión de incumplir la sentencia no sólo fue "colegiada" por el Ejecutivo catalán en su conjunto sino amparada.

La asociación también solicita revisar el indulto concedido al presidente de Òmnium Cultural, dado que el propio Santi Vila, señalan los recursos, reconoció públicamente que todo lo relativo a Sijena lo pactaba con Cuixart.

"Secuestro de patrimonio"

Se añade que el objetivo final de estas acciones era "secuestrar ese patrimonio para siempre", a la espera de conseguir la declaración de independencia.

En los recursos se advierte que la iniciativa carece de "intencionalidad política", motivo por el que no se recurren los indultos de la expresidenta del Parlamente Carmen Forcadell, y del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, sino de clarificar la situación de los presos indultados relacionados con la negativa a cumplir con la sentencia del tribunal oscense.

Una sentencia, destaca la asociación, que solo pudo ejecutarse tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que puso en manos del Gobierno español la gestión de la autonomía y, entre otros servicios, el de los Mossos de Esquadra.

Riesgo de fuga

En sus recursos, la asociación, representada por el abogado Jorge Español, letrado que ha actuado en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en las causas contra instituciones catalanas para exigir la devolución de los bienes del monasterio, precisa que su intención no es solicitar la suspensión de los decretos de concesión de los indultos sino que el Supremo "clarifique sin dilación la situación de los presos indultados".

Además, reclama que si durante la tramitación del recurso "se intuyera o acaso se vislumbrara, incluso de modo remoto" la posibilidad de que los indultados pretendieran huir de España, se adoptaran "urgentes medidas cautelares" para impedirlo.

Medida de gracia polémica

Estos recursos, dirigidos contra los indultos concedidos a los exconsejeros Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, y también de Cuixart, fueron admitidos a trámite ayer martes, pocos días después de ser interpuestos, en una providencia judicial firmada por todos los miembros de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo.

En declaraciones a Efe, desde la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén se valora la reciente referencia hecha por el presidente del Supremo para significar que la negativa de este alto tribunal a la concesión de los indultos se deriva exclusivamente del cumplimiento de un ordenamiento jurídico que no avala la decisión adoptada por el Gobierno.

Según estas fuentes, "no se puede pedir nunca a un magistrado que deje de actuar como un hombre de leyes cuando vista su toga, por lo que el informe en contra de los indultos elaborado por la sala de lo penal del Supremo, debe ser objeto de exquisito respeto, pues ninguno de esos magistrados quiere nada malo para Cataluña ni para los presos indultados".

Sin arrepentimiento

Tras precisar su posición a favor de "la pacificación en Cataluña y la reconciliación nacional", la asociación considera que los indultos requieren un "sincero arrepentimiento" por parte de los presos beneficiados, algo que no ha ocurrido.

Resaltan por otra parte que los indultos parciales concedidos, que inhabilitan a los presos del procés para ejercer cargos públicos, evidencian el "fracaso" de su concesión, "porque en estos casos políticos, o el indulto es total o de lo contrario vale para muy poco o nada".