Una advertencia, aunque con la confianza en que no sea necesaria aplicarla. El Ejecutivo español, y a preguntas del PP, ha señalado que tomará “las medidas necesarias” en el caso de que la Generalitat desborde sus competencias en su proyección exterior, a través del departamento de Acció Exterior, con el que desea mantener la actividad en el extranjero de los últimos años.
La respuesta del Gobierno al diputado del PP, Pablo Hispán, en relación al decreto de reestructuración del departamento de Acció Exterior i Transparència, publicado por la Generalitat el pasado 22 de junio, es clara: “Si a través de los instrumentos que se definen en la estructura organizativa, se planificase o se desarrollase una Acción Exterior que desborde la competencia autonómica o colisione con los intereses del Estado, los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación analizarían la situación al objeto de adoptar las medidas necesarias”.
El caso del Tribunal de Cuentas
El diputado del PP, que ha sido hasta hace pocos meses el jefe de gabinete de Pablo Casado, señalaba en su pregunta que el Gobierno debía pronunciarse, porque entendía que la reestructuración de ese departamento de la Generalitat podía servir para una mayor proyección internacional del movimiento independentista. Le preguntaba, por tanto, si era “aceptable” que el Govern de la Generalitat pudiera “interferir” en la política exterior de España, en la negociación de tratados internacionales y en la acción consular cuya competencia “exclusiva” es del Gobierno.
De hecho, el Tribunal de Cuentas mantiene un proceso de investigación a distintos responsables del Ejecutivo catalán por utilizar dinero público en esa proyección internacional, en contra de los intereses del Estado.