El Tribunal Supremo ha salido al paso de las dudas sobre la vigencia de la euroorden emitida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, arrestado ayer en Cerdeña.
Fuentes del Alto Tribunal han asegurado que la orden de detención internacional jamás llegó a desactivarse, pese a los argumentos esgrimidos por la defensa del expresident que citan la sentencia de la justicia europea sobre la inmunidad parlamentaria del prófugo.
Inmunidad revocada
El pasado 30 julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que Puigdemont, además de los otros dos eurodiputados de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí, podían viajar sin riesgo a través del continente. En aquella ocasión, la justicia comunitaria consideró que "nada" permitía preveer que "las autoridades judiciales de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas"
Los magistrados entendieron que las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo habían perdido su efecto a la espera del fallo sobre una cuestión prejudicial planteada por el juez instructor Pablo Llarena. Por tanto, la institución revocó la inmunidad como eurodiputados de los tres dirigentes.
Caben recursos en Italia
Pese a ello, el Supremo considera que las euroórdenes jamás llegaron a decaer ya que la cuestión prejudicial solo se refería a un asunto concreto --la decisión de la justicia belga sobre el exconsejero Lluís Puig--. De hecho, Llarena jamás comunicó formalmente el desestimiento de la euroorden ante el TJUE. Por otro lado, el máximo órgano judicial español tampoco se siente concernido por el compromiso del Gobierno ante el TJUE de desactivar las órdenes internacionales de captura en territorio europeo, como han recordado algunos dirigentes independentistas como Josep Costa.
Sin embargo, algunos expertos consultados por Crónica Global consideran que la entrega de Puigdemont podría retrasarse si la defensa del expresident emprende una postura dilatoria mediante la interposición de recursos en la vía italiana.
Proceso largo
De hecho, este proceso de extradición podría alargarse durante semanas si se adopta una estrategia de filibusterismo por parte del equipo jurídico del líder independentista.
No es la primera vez que el expresidente se encuentra en una situación similar. El 5 de marzo de 2018, las autoridades alemanas apresaron a Puigdemont en cumplimiento de la euroorden del Tribunal Supremo. Finalmente, quedó en libertad tras pleitear su caso ante la justicia teutona, que consideró que el delito de rebelión invocado por Llarena no encajaba en el Código Penal de la república alemana.