La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, han explicado hoy en varias entrevistas que la decisión de paralizar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat supone posponer al menos cinco años la inversión. Una iniciativa que el Gobierno suspendió ayer por la falta de apoyo claro desde la Generalitat tras el acuerdo suscrito entre ambas Administraciones el pasado agosto.
Ello obligaría a abordar el proyecto como pronto en la próxima legislatura, siempre que se dé un contexto político más propicio. Sin embargo, sobre si la suspensión es ya irreversible, la ministra ha reconocido que no sabe qué pasos dará el Govern, y que este debería dejar atrás sus “ambigüedades” antes de finales de mes. Esa es la fecha límite en la que el Gobierno tendría que aprobar la inversión, estimada en 1.700 millones de euros, y que ya ha sido reclamada por el PP y la Junta de Andalucía para infraestructuras en dicha región.
¿Existe margen todavía?
Al ser preguntada en una entrevista en La Sexta sobre si la decisión de suspender la inversión es definitiva, Sánchez ha dicho que no tiene la varita mágica y que no sabe si el Govern "sería capaz de mostrar un posicionamiento único que muestre sin ambigüedades apoyo al acuerdo" del día 2 de agosto.
"Parece que no es así, que la decisión no es madura”, ha lamentado. El Ejecutivo central no intuye una resolución firme en la Generalitat, especialmente después de que se amagara con la posibilidad de que consejeros de ERC podrían asistir a la manifestación contra la ampliación del próximo 19 de septiembre. Sus promotores, entidades ecologistas próximas a los comunes, mantienen la convocatoria. Todo ello, con los plazos encima. “No tenemos tiempo, porque la aprobación de inversiones tiene que pasar por el Consejo de Ministros de finales de septiembre”, ha advertido la ministra. Un requisito que sitúa la fecha límite en el 21 o 28 de este mes, ya que dichas reuniones se suelen celebrar los martes.
“Nada que celebrar”
Sánchez también ha comentado las discrepancias entre los socios del Gobierno después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya visitado el espacio protegido que quedaría afectado por las obras y se haya mostrado satisfecha por la cancelación del proyecto. “No es compatible con la emergencia climática”, ha subrayado la líder de Unidas Podemos sobre la iniciativa, que cree que no habría sido entendida en la Unión Europea.
Sin embargo, la titular de Transportes ha destacado que “se ha tenido en cuenta el respeto con el medio ambiente” y que no se hubiera presentado el proyecto sin la certeza de que recibirá la luz verde de Bruselas. Ha culpado al Govern por sus divisiones internas y ha criticado a los que hoy se congratulan por el freno a la ampliación. “Hoy no hay nada que celebrar”, ha expresado con rotundidad.