Acusan a Borràs de "sectaria" por negarse a usar el castellano

Impulso Ciudadano (IC) ha calificado de "sectaria" la negativa de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a hablar en castellano, le recuerda que el Estatut reconoce la existencia de tres lenguas oficiales. La entidad constitucionalista asegura que, con su actitud, Borràs "desprecia a la mayoría de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna".

La Mesa del Parlament celebró ayer en el municipio leridano de Tornabous, donde Borràs se negó a contestar las preguntas de un periodista en castellano porque, según ella, estaba allí como representante de la Cámara catalana, y las declaraciones institucionales las hace en catalán. Asimismo, instó a los periodistas a subtitular sus declaraciones y les recordó que hay traductores que también trabajan.

"Graves declaraciones"

Desde IC se alerta "sobre la gravedad de estas declaraciones que merecen el máximo reproche de nuestra asociación y que denotan una actitud sectaria y despectiva para el conjunto de los catalanes, sea cual sea su lengua. La presidenta considera al catalán como única lengua representativa de la Cámara, olvidando que el Estatut reconoce tres lenguas oficiales: el catalán, el castellano y el aranés; y que institucionalmente se puede emplear cualquiera de ellas sin preferencias ni rangos"

Además, es profundamente contradictorio reivindicar un parlamento abierto, próximo a la ciudadanía, y despreciar a la mayoría de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna y que también tienen derecho a ser atendidos por sus representantes institucionales en su lengua.

Recuerdan que el artículo 55 del Estatut declara que el Parlament "representa al pueblo de Cataluña y es la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político".

Fronteras lingüísticas

"Por desgracia --añaden--, la señora Borràs, la segunda autoridad autonómica y una de las voces más notorias y destacadas del nacionalismo identitario catalán, ha aprovechado su cargo institucional para ignorar nada sutilmente a los catalanes castellanohablantes a los que no considera merecedores de sus palabras. Con esa postura sesgada, el Parlamento al que representa contribuye a levantar una frontera gruesa entre comunidades lingüísticas en Cataluña, justo lo contrario de lo que debe hacer un  buen dirigente político que tiene que defender el pluralismo social y político, también por razón de lengua, y favorecer la convivencia.

Por ello, IC exige "la normalización de las lenguas oficiales (castellano, catalán y aranés) en los usos institucionales del Parlament tanto en las declaraciones públicas como en las prácticas administrativas", y que la presidenta y la Mesa del Parlament "actúen con sentido institucional y respeto al pluralismo lingü.stico y social y no discriminen, por razón de lengua, a la mayoría de los catalanes que también tienen derecho a ser destinatarios de sus palabras institucionales".