A la derecha en la foto, Pep Cruanyes, presidente de la denominada Caja de Solidaridad, en una manifestación secesionista en Estrasburgo en febrero de 2020 / ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA - FLICKR (CC BY-NC 2.0)
El independentismo niega la ayuda por falta de “combate" a un embargado por el Tribunal de Cuentas
Los responsables de la denominada Caja de Solidaridad señalan a los abogados de uno de los encausados que no le apoyarán porque no muestra la actitud correcta
31 julio, 2021 00:00Con contundencia y sin disimulo. El independentismo ayuda a los independentistas que muestran “combate” y que desean seguir la lucha contra el Estado. Es la propia jerga de la denominada Caja de Solidaridad que coordina Pep Cruanyes. La entidad, que busca recursos para el mundo independentista, ha negado la ayuda a uno de los dos encausados por el Tribunal de Cuentas que ya han recibido las órdenes de embargo. Se trata de dos de los altos cargos del Govern que no se acogieron al aval del ICF, porque entienden que podrían incurrir en un delito.
La Caja de Solidaridad se ha puesto en contacto con los abogados de uno de esos dos altos cargos, asegurando que no le podrán ayudar porque exigen “actitud de combate”, algo que no aprecian en este alto cargo. Lo que reclaman es que se acose al Estado y se señale que se trata de un proceso que quiere mantener “la represión” contra Cataluña.
Una cuestión de ética y de duda ante el delito
Los dos encausados por el Tribunal de Cuentas que ya han recibido la orden de embargo no se acogieron al aval del ICF que puso en marcha el consejero de Economía Jaume Giró, y al cual el Parlament ya ha dado luz verde con la votación de este jueves a favor del decreto ley que permite un fondo de hasta diez millones de euros para hacer frente a la fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 altos cargos del Govern por internacionalizar el procés con dinero público.
El argumento que se expone por parte de uno de estos dos altos cargos es que no puede acogerse por una cuestión “ética y de responsabilidad hacia la gestión de recursos públicos y ante las dudas de posible malversación que supone”.
Se trata de un punto de partida que nada tiene que ver con la actitud de “combate” que pide la Caja de Solidaridad.
Avalar 140.000 euros
De los 34 altos cargos, 29 se acogieron al aval del ICF, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Pero cinco de ellos o presentaron avales por su cuenta o no quisieron hacer nada. En esa segunda posición figuran dos altos cargos que ya han recibido la orden de embargo por parte del Tribunal de Cuentas, que reclama avalar cantidades próximas a los 140.000 euros.
El presidente de ese fondo de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha señalado en los últimos meses que la situación es delicada, porque el dinero recaudado por el independentismo se ha visto muy menguado. Y ha dejado claro a los abogados de este alto cargo que no le ayudarán. El dinero se reserva para los más movilizados por la causa, para los que presenten “actitud de combate”.
