La respuesta del Tribunal de Cuentas a los avales de 34 exdirigentes y altos cargos de la Generalitat encausados por el presunto uso de dinero público en la promoción exterior del procés se hace esperar. El organismo ha retrasado su posicionamiento sobre si acepta o no la fórmula propuesta por el Govern secesionista al quedar por resolver algunos requisitos formales, que han impedido a las defensas entregar telemáticamente esos avales.

Según adelantó La Vanguardia, el plazo para presentar los avales expiraba a las 00.00, aunque los afectados esperan poder entregarlos a primera hora de este jueves.

La Generalitat utiliza el ICF

La Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) aprobó este miércoles por la tarde activar el aval a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a esta treintena de dirigentes y ex altos cargos por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017.

Fuentes del Govern han concretado que esta entidad financiera pública de la Generalitat --dedicada a priori a financiar a autónomos, pymes y otras empresas-- ha aprobado finalmente activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del denominado Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF entregue el aval, con un contraaval del fondo de 10 millones de euros que aprobó el Govern el pasado 6 de julio para este tipo de casos que afectan a sus dirigentes y altos funcionarios.

Los bancos no se prestan al juego

En principio, la Generalitat aprobó la creación del fondo con la idea de que fuera un banco el que presentara el aval, y la Generalitat, a través del fondo de 10 millones de euros, hiciera de contraaval a dicha entidad bancaria. Pero su argucia no funcionó, pues ninguna entidad bancaria se ha prestado a realizar esa operación.

El decreto aprobado por el Govern para la creación del fondo preveía que, en caso de no encontrar a ninguna entidad que avalara a los afectados, el ICF lo haría directamente, con el fondo de la Generalitat igualmente de contraaval, como así ocurre ahora.

A la espera de respuesta

La duda ahora es saber si el Tribunal de Cuentas aceptará en las próximas horas esta fórmula diseñada por los actuales dirigentes del Govern, con el conseller de Economía, Jaume Giró, como principal impulsor de la idea. Una de las probabilidades que aparecen en el horizonte es que se reclame un informe a la fiscalía para saber cuál es su opinión acerca de este tipo de aval, que podría llegar a ser considerado un fraude de ley por tratarse de dinero público de la Generalitat, a pesar de que esta no se ha considerado perjudicada en la causa.

Sea como fuere, el entorno de los encausados cree que el reciente decreto ley de la Generalitat les ampara y no ha sido recurrido por el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal de Cuentas no aceptara finalmente los avales del ICF, cabría la posibilidad de que los encausados respondan entregando avales personales con sus bienes y patrimonios como garantía, para evitar así embargos. Algo que, de hecho, ya se planteó el martes, cuando parecía que el ICF no se prestaría a validar un aval de dudosa legalidad.

Un dirigente de ERC da su beneplácito

Por otra parte, por ahora se desconoce por qué importe se activará el aval, y quién lo firma, aunque fuentes de ERC aseguran que Albert Castellanos, uno de sus dirigentes, se ha posicionado a favor de la implicación del ICF en la reunión de este miércoles por tarde.

Castellanos --ex secretario general del Departamento de Economía de la Generalitat y actual secretario de Empresa y Competitividad-- es en la actualidad el presidente de la Junta de Gobierno del ICF, cuyo consejero delegado es Víctor Guardiola.