El Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha registrado en el Parlament una proposición de ley de Memoria Democrática que prevé sanciones para aquéllos que promuevan actos en honor a quienes apoyaron la dictadura franquista o que supongan una humillación para las víctimas. Las multas podrían alcanzar la cuantía de 150.000 euros.
Se trata de un viejo anhelo de los socialistas catalanes, que ya presentaron algo similar durante la pasada legislatura aunque finalmente no pudo salir adelante por la pandemia y la precipitada convocatoria de elecciones a resultas de la inhabilitación del expresidente Quim Torra.
Viejo propósito
Por entonces, el PSC decidió esperar a que fuera el propio Govern de la Generalitat el que presentara su propia iniciativa que, por las citadas circunstancias, no llegó a ver la luz.
De ahí que fuentes socialistas hayan declarado a la agencia Efe que, en torno a este asunto, “vamos tarde”; hasta el punto de que, junto a los comunes, se plantean en este caso seguir adelante sin esperar alternativas ni ofertas complementarias.
Carácter urgente
Uno de los principales ejes de la medida sería unificar las leyes que, al respecto, ya están vigentes en Cataluña con el fin de agilizar trámites para cuestiones como la exhumación de fosas comunes y la identificación de las personas que están enterradas en ellas.
Para el PSC se trata de un asunto que requiere una cierta urgencia porque dado el tiempo transcurrido, muchos familiares de los enterrados son personas de avanzada edad y deberían poder localizar a sus allegados antes de morir. En Cataluña, según estimaciones facilitadas por el PSC, se calcula que quedan por abrir más de 500 fosas en las que podría haber unas 20.000 personas enterradas.
Sanciones muy graves y graves
La otra piedra angular de la propuesta es el establecimiento de un régimen sancionador para quien atente contra la memoria democrática. En virtud de éste, se considerará como infracción "muy grave" la celebración de actos donde se exalte la dictadura franquista, la realización de excavaciones en fosas u otros lugares de memoria sin previa autorización, la construcción en un terreno donde exista la certeza de que hay personas enterradas y la no retirada de elementos franquistas.
Otras actuaciones será consideradas simplemente como graves, entre las que se encuentran el traslado no autorizado de restos humanos de fosas, la exhibición pública de elementos contrarios a la memoria democrática, la destrucción de elementos conmemorativos o de recuerdo a las víctimas y la difusión de mensajes vejatorios para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.