PSC-Units ha presentado hoy su Plan de Choque Social, una síntesis de sus propuestas en política social y cuya finalidad es atajar las desigualdades que el Covid ha incrementado en Cataluña. La iniciativa tiene lugar el mismo día en que se ha sabido que esta comunidad cerró 2020 con el 22,8% de su población en situación de riesgo o de exclusión social, según el indicador AROPE que monitoriza el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Plan, presentado hoy por el portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Raúl Moreno, consejero alternativo de Asuntos Sociales e Infancia, y que forma parte de las iniciativas del “gobierno alternativo” creado por el partido, se basa en seis ejes. Incluye garantizar unos ingresos mínimos y avanzar hacia la modernización de nuestro sistema de cuidados reduciendo listas de espera en dependencia y para acceder a una residencia. También abogan por prestar una especial atención a la infancia en riesgo, garantizando alimentación los 365 días del año tanto dentro como fuera de la escuela.
Paro juvenil y acceso a la vivienda
PSC defiende un incremento presupuestario “en unos servicios sociales que los necesitamos fuertes” y nuevos programas de inclusión de los jóvenes en el ámbito laboral. Asimismo, promueven políticas de acceso a la vivienda, con ayudas permanentes durante todo el año. Todas las medidas, desglosadas en un documento de 28 páginas [se puede leer en este enlace], supondrían un coste de 1.500 millones de euros. Moreno ha recordado que el presidente Pere Aragonès prometió un plan de choque de 700 millones que no ha cumplido. Con este presupuesto, se podrían beneficiar unas 2,7 millones de catalanes.
El plan dedica especial atención a la situación de la infancia, especialmente afectada por la pobreza. Por ello, proponen la creación de la figura del Comisionado para la Lucha contra la Pobreza infantil, equiparar las prestaciones sociales de las familias monomarentales y numerosas, y revisar y simplificar los protocolos de protección a la infancia en riesgo. Asimismo, destacan la necesidad de garantizar el acceso a la alimentación y combatir la brecha digital, entre otras medidas.
Renta Garantizada
También se propone la ampliación de la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital para llegar a 100.000 nuevos beneficiarios que viven por debajo del umbral de la pobreza. “Actualmente la cobertura alcanza sólo al 11,2% de este colectivo, es decir, unas 49.000 personas de un total de 382.000. La mejora en la detección de casos y la participación del Tercer Sector Social, en un año debería permitir dar cobertura a más de 100.000 personas bajo el umbral de la pobreza”, indican.
Disponer de unos servicios sociales fuertes pasa, según PSC, por aliviar la presión que han sufrido los ayuntamientos, “que han tenido que asumir las carencias de la Generalitat, que ha huido de sus responsabilidades”. Por ello, instan a firmar un nuevo contrato programa de Servicios Sociales 2021-2025; implementar de forma inmediata el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2020-2024 y actualizar la cartera de Servicios Sociales.
Todas están medidas están presupuestadas en 1.564 millones de euros, procedentes de los fondos Covid (900.000 euros), fondos propios de la Generalitat procedentes de los departamentos de Derechos Sociales, Educación y Empresa y Trabajo (414.535.318 euros) y fondos del Estado (250.000.000 euros).