Ciudadanos y PP han acordado pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la posible inconstitucionalidad del decreto ley que regula el fondo creado por el Govern para pagar las fianzas de los dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas. El CGE es el órgano que vela por el ajuste de las normas catalanas al Estatut y la Constitución. PSC-Units también ha pedido un informe a esta institución.
El presidente del grupo parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, se ha puesto en contacto esta mañana con su homólogo del PPC, Alejandro Fernández, para pedir conjuntamente el dictamen y han llegado a un acuerdo a tal efecto.
Carrizosa reprocha al Govern que "se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas". Y añade: "La única necesidad extraordinaria y urgente que explica este decreto son las prisas del Govern por favorecer a sus amiguetes frente al plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que paguen sus fianzas".
Carrizosa ha lamentado que la Generalitat ya haya anunciado que este año 2021 tampoco aprobará presupuestos de la Generalitat. "Para los presupuestos no hay prisas, pero cuando se trata de dar cobertura a políticos malversadores, entonces vuelan".
“No se está respondiendo al interés general de los ciudadanos de Cataluña, sino a los políticos encausados”, ha zanjado. Finalmente, Carrizosa ha tachado de "inconcebible" que "los contribuyentes catalanes vayamos a tener que pagar de nuevo los atropellos de los políticos separatistas".